Mensaje de la Dra. Lourdes Morales, Directora Ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, durante la inauguración del Foro La Información en el Combate a la Corrupción ¿Cómo nos Arreglamos?, organizado por el INAI.

Agradezco al INAI la invitación y en particular al Comisionado Salas y los felicito por la pertinencia de este foro. Me parece una excelente idea el que hayan convocado tanto a las cabezas de las instituciones que formarán parte del Sistema Nacional Anticorrupción como a organizaciones sociales y académicas que hemos dado seguimiento al tema justo en el momento en el cual en el Senado se discute Senadores la importante tarea de diseñar las bases y principios normativos de la legislación secundaria que lo haga posible.

 

La promulgación del Sistema Nacional Anticorrupción fue una respuesta y una muestra de voluntad política para empezar a cambiar las bases del sistema político mexicano. No se trata solamente de una legislación más sino de un paquete de normas –de al menos 20- que de ser bien diseñadas modificarán las dinámicas institucionales, la producción de información, la promoción de una cultura de integridad, la forma de vincular ciudadanos e instituciones, la forma de ejercer la función pública, es decir, se trata de las bases que harán posible diseñar, implementar y dar seguimiento de manera pública a una política pública de combate a la corrupción de largo aliento.

 

Hasta ahora sin embargo, lo que tenemos es solamente el cascarón de la casa que necesitamos para identificar, desmantelar y acabar con las redes de corrupción que hay en el país; para fortalecer el sistema de pesos y contrapesos; para modificar los incentivos de denuncia de actos de corrupción; de generar lo que el Dr. Roldán Xopa ha llamado “inteligencia institucional” es decir, posibilidad de corregir las causas que propician casos de corrupción.

El día de hoy inicia en el Senado los trabajos de las Comisiones Unidas para revisar el último documento de trabajo presentado por la facción del PRI-PVEM en el cual se presentan modificaciones a al menos cinco legislaciones. Al respecto quisiera señalar dos cuestiones que tienen que ver con el contexto y que se refieren tanto a la forma como al fondo del proceso.

En lo referente a la forma, la iniciativa ciudadana de la ley general de responsabilidades mejor conocida como #Ley3de3 hizo posible la recolección de firmas para presentar una de las piezas legislativas que impactarán sobre el funcionamiento del Sistema nacional anticorrupción. Esto generó una auténtica movilización ciudadana a través de la cual más de medio millón de ciudadanos dijeron ¡ya basta de corrupción!. El mensaje es claro: hartazgo ciudadano pero propuesta a través de las vías institucionales. Esta movilización propició que un grupo de Senadores propusieran cuatro principios de parlamento abierto para el seguimiento no solamente de la ley presentada por la vía de la iniciativa ciudadana sino de todo el proceso normativo. Estos son:

  1. máxima publicidad de dictámenes, acuerdos, reuniones, documentos de trabajo
  2. transmisión en vivo por vías institucionales (Canal del Congreso) y sociales para la reproducción de estos materiales por los canales de organizaciones sociales
  • justificación en los dictámenes de por qué se toma una decisión sobre otra
  1. posibilidad de contar con audiencias con integrantes de instituciones académicas, públicas y sociales para resolver preguntas específicas

Aunque estos principios de co-creación de parlamento abierto se vivieron en la reforma en transparencia este caso ha sido la excepción y no la norma. Sin embargo, para muchos funcionarios y partidos políticos la participación ciudadana sigue siendo una entelequia, un estorbo o en el mejor de los casos una vía para legitimar decisiones ya tomadas de antemano.

Ante esto, el día de hoy tres representantes de la sociedad civil que han sido formalmente invitados a los trabajos en comisiones solicitarán que se refrenden estos puntos y que además se tome en consideración una metodología de mesas de trabajo por tema de especialización que permita llevar a buen puerto la legislación secundaria en materia de combate a la corrupción.

La segunda cuestión tiene que ver con el fondo. Después de varios meses de no haber avanzado en las discusiones sobre el SNA ,el presidente de la Comisión Anticorrupción y de participación ciudadana ha hecho público un calendario con plazos fatales para aprobar al menos cinco leyes. También se han hecho públicas al menos 16 iniciativas de ley y documentos de trabajo con puntos que merecen amplia discusión y que han encendido las alertas sobre la posible simulación en el combate a la corrupción. Varios colegas estamos convencidos de que no hay norma perfecta, sin embargo, consideramos que las prisas no son buenas consejeras para un tema de tanta relevancia para el país y que el buen diseño de estas normas así como su discusión serán indispensables para realmente cumplir con el objetivo de combatir la corrupción y modificar los comportamientos tanto de funcionarios como de los integrantes de la sociedad mexicana.