El pasado 07 de abril se conmemoró el día internacional de la salud, el cual nos lleva a reflexionar si el Estado mexicano brinda, de manera adecuada, servicios de salud a través de una efectiva planeación y presupuestación de recursos, sobre todo para aquellas personas en situación de vulnerabilidad como las mujeres sin seguridad social. La OMS recomienda que se asigne al menos el 6 % del PIB de los países para la atención de salud; sin embargo, en nuestro país no se asignan recursos suficientes: para 2023 México destinó sólo el 2.9 % de su PIB, lo que impacta en el presupuesto para garantizar la Salud Sexual y Reproductiva (SSyR) de las mujeres sin seguridad social.

El disfrute de una vida sexual sin riesgos, el derecho a elegir un método anticonceptivo seguro y eficaz, la libertad de decidir si se quiere procrear y disponer de servicios accesibles que permitan partos seguros están relacionados con los derechos a la salud sexual y reproductiva (SSyR) de las mujeres. Pero actualmente estos derechos se ven impactados por tres problemáticas particulares:

1. Insuficiente asignación de recursos públicos desde el Legislativo

En los últimos años la asignación de recursos para SSyR que realiza la Cámara de Diputados cada año fiscal ha sido insuficiente. Por ejemplo, en 2019 el presupuesto destinado al programa presupuestario “P020 Salud Materna, Sexual y Reproductiva”, dirigido a financiar la SSyR de mujeres sin seguridad social, contó con un presupuesto de 3,123 mdp, pero para 2023 sólo contará con 2,240 mdp, es decir 28 % menos. 1 Además, este monto representa sólo el 0.02 % de todo el PEF y la tendencia es que va a la baja.

Preocupa que la reducción del presupuesto del P020 sea una constante cuando el estándar del derecho a la salud implica que la garantía tendría que ser progresiva. La falta de presupuesto limita la posibilidad de mejorar algunos de los indicadores de SSyR.

2. Tendencia del Ejecutivo de reducir aún más los recursos a través de las adecuaciones presupuestarias

La insuficiencia de recursos para SSyR empeora porque existe la práctica del Poder Ejecutivo de realizar recortes al poco presupuesto asignado desde la Cámara de Diputados. Aunque el Ejecutivo tiene la facultad de realizar “adecuaciones presupuestarias” –las cuales son modificaciones al presupuesto asignado–, normalmente son aumentos de recursos para cumplir de mejor forma con las funciones programáticas, pero en el caso de SSyR éstas se traducen en recortes que reducen aún más su presupuesto.

Por ejemplo, en 2022 el Legislativo aprobó 2,228 millones de pesos para el P020, pero el Ejecutivo los recortó en 26 %, dejándolos en sólo mil 656 millones de pesos. 2 Resulta preocupante la tendencia en la reducción de recursos, que además se realizan sin brindar justificación alguna, a pesar de que el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prohíbe reducir el presupuesto que asigna el Legislativo cuando se trata de programas de atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, como es el P020.

De nada sirve que la Cámara de Diputados analice cuánto dinero se tiene que asignar a cada sector y lo apruebe, si el Ejecutivo tomará la decisión de realizar modificaciones sin rendir cuentas a nadie. Esto es particularmente delicado porque la reducción del presupuesto agudiza los problemas de salud de las mujeres.

3. La falta de transparencia de la trazabilidad de los recursos asignados para SSyR

Otra problemática que impide la garantía de la SSyR es la poca información pública sobre el camino, disponibilidad y destino que siguen los recursos públicos asignados para medicamentos gratuitos para población sin seguridad social, gestionados través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) conocido como programa presupuestario U013, entre los cuales se encuentran aquellos que son necesarios para que se lleven a cabo abortos seguros o prevenir complicaciones del parto. Los recursos asignados a través del programa U013 no están desagregados en el PEF 3 lo que impide su trazabilidad y poder detectar o identificar el monto que se destina específicamente a financiar acciones de SSyR.

Como sabemos, la asignación y control de los recursos públicos es un reflejo de las prioridades del gobierno y la SSyR no parece serlo. Menos recursos significan menos tratamientos, menos personal, atenciones y medicamentos que pueden ser críticos para prevenir, por ejemplo, muertes maternas.

Por ello es importante que desde el Legislativo no sólo se consideren mayores montos de recursos para garantizar la SSyR sino que ejerza su labor de control para evitar los recortes que realiza el Ejecutivo. También es crucial que desde el Ejecutivo se erradiquen prácticas que reducen los recursos disponibles, además de garantizar ampliamente la transparencia de la trazabilidad de los recursos.

En el marco de la mesa de diálogo sobre las “Asignaciones Presupuestales en materia de Salud Materna, Sexual y Reproductiva de las Mujeres en México” que realizará la Cámara de Diputados próximamente será esencial que se impulse la participación ciudadana para discutir ampliamente sobre la asignación de recursos de manera progresiva y el control del ejercicio del presupuesto, con el fin de mejorar los derechos de SSyR de las mujeres sin seguridad social en México.

* Sarahí Salvatierra es coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

1 Información obtenida con base en la Cuenta Pública del 2019-2022 y PEF 2023. Cifras expresadas en pesos constantes de 2023.

2 Ídem.

3 No se especifica que acciones en salud se financian y a que instituciones se transfiere en las entidades federativas.

Fuente: Animal Político