Esta semana, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma que aborda algunos aspectos de la reforma política-electoral anunciada en el Pactopormexico.org‎. La iniciativa busca crear un Instituto Nacional Electoral,  que en sustitución del Instituto Federal Electoral actual y de los 32 institutos estatales electorales, organizaría todas las elecciones del país.

La iniciativa propone también que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y no las instancias estatales, la que se encargue de dirimir las controversias electorales.

Además busca mejorar los mecanismos de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, aumentar las sanciones a los partidos políticos cuando se rebasen los topes de campaña además de crear un marco normativo que unifique criterios en todo el país y que regule de manera más específica el comportamiento de los partidos políticos (ley de partidos políticos).

Esta iniciativa fue complementada por una lista de 30 puntos presentada ese mismo día por los senadores Ernesto Cordero, Manuel Camacho y Miguel Barbosa en la cual se abordan otros aspectos relevantes como la reelección legislativa y de autoridades municipales y la eliminación del fuero para todos los representantes que gozan de él.

La posible creación del INE ha generado cierto debate en medios entre diversos actores políticos y sociales.  Más allá de la vieja disputa entre centralismo y federalismo, quienes favorecen esta iniciativa insisten en las siguientes virtudes:

a) el ahorro de recursos sobretodo en un esquema en el cual varias de las funciones de la organización electoral (padrón electoral, pautas en medios) ya las maneja el órgano electoral federal,

b) la pérdida de control de los gobernadores y de las legislaturas estatales sobre los órganos electorales estatales lo cual mina su autonomía actual,

c) un marco normativo que permita enfrentar las asimetrías regionales y los “rezagos” de las legislaciones electorales en algunas entidades respecto a la legislación federal,

d) la débil fiscalización de recursos que hay en las entidades federativas.

Sin embargo, entre los críticos de esta propuesta destacan las siguientes dudas:

a) la sobrecarga de funciones en materia de capacitación y fiscalización a un órgano electoral federal que habría de organizar elecciones en todo el país;

b) la falta de conocimiento y de capacidades para enfrentar contextos locales específicos (como por ejemplo, las elecciones por usos y costumbres en Oaxaca);

c) el costo real del funcionamiento de un INE con un servicio profesional electoral eficiente pero oneroso;

d) la autonomía real de un INE cuyos consejeros podrían ser electos por “cuotas” partidistas en el Congreso federal.

Esta propuesta es apenas el inicio del debate sobre reforma política que ha estado pendiente y aunque en el Pacto por México se ha establecido una nueva fecha para su discusión y aprobación, otros aspectos relevantes sobre los contrapesos que requiere el sistema político mexicano (sistema de responsabilidades, transparencia, combate a la corrupción) para su consolidación democrática no han terminado de desahogarse.