El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y senadores de su bancada presentaron dos iniciativas del ley para completar el Sistema Nacional Anticorrupción. Se trata de la nueva Ley General de Combate a la Corrupción y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Al evento los panistas invitaron a académicos del ITAM, UNAM, así como a Eduardo Bohórquez de Transparencia Mexicana y Edna Jaime de México Evalúa; de Fundar Guillerno Ávila, Juan Pardinas de IMCO, entre otros.

Anaya explicó que de lo que se trata es de que estas incitativas que  presentó el PAN en la Comisión Permanente cuenten con el visto bueno de organizaciones civiles y académicos que hicieron posible el Sistema Nacional Anticorrupción.

Subrayó “partimos de reconocer que hay una crisis de credibilidad en las instituciones, en el INE en la CNDH, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el presidente de la república” que hoy tiene los niveles mínimos de aceptación, “el Congreso de la Unión y los partidos políticos que reflejan la desilusión ciudadana”.

Refirió que por corrupción los mexicanos pagan hasta 1.5 billones de pesos, que es 45 veces el presupuesto de la UNAM, y destacó el dirigente panista, Transparencia Mexicana ha dicho que a los mexicanos la corrupción les cuesta 35 mil millones de pesos.

Al hablar de las iniciativas subrayó que se busca hacer realidad lo que ya está plasmado en la ley; que tres de tres sea obligatorio para todos los servidores públicos, tendrán que hacer púbicas su declaración fiscal y de intereses y se busca que estén en línea todos los contratos de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Con estas leyes se persigue gran ejercicio de transparencia, que los ciudadanos conozcan a través de una plataforma pública en qué gasta el gobierno y cuánto.

Otro eje de las iniciativas es que la investigación y la sanción por actos de corrupción “nunca más recaigan en un empleado del presidente de la república, como lo fue el caso de la Casa Blanca; ningún empelado de un gobernador o de un alcalde”.

Con estas leyes que se proponen, subrayó Anaya quien deberá llevar las investigaciones por corrupción es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con mayores facultades y las sanciones recaerán en la Fiscalía Anticorrupción.

Se busca insistió “que nunca más un empleado investigue a su jefe y lo exonere, sino que se trata de que se cumpla con la ley para combatir la corrupción rampante”.

Fuente: La Jornada