Pensar en la profesionalización del servicio público no solamente implica diseñar esquemas de capacitación que fortalezcan capacidades de los funcionarios públicos, sino tomarla en cuenta como un eje transversal que debería formar parte de todo el quehacer cotidiano del gobierno, basar la selección del personal más calificado para los puestos públicos a través del mérito y diseñar esquemas que promuevan “la estabilidad laboral de los servidores públicos, por medio del establecimiento de modelos de servicio civil de carrera, permite que aquellos cuenten con la protección necesaria para desempeñar adecuadamente su encargo, con el fin de evitar la visión patrimonialista de los cargos públicos; y promueve la capacitación y profesionalización de los trabajadores y, en consecuencia, la eficiencia en la prestación de los servicios públicos” (ASF, 2006).

Los esfuerzos para lograr servicios de carrera robustos en nuestro país han sido muy accidentados y son contados aquellos esquemas de carrera que han dado buenos resultados (el servicio de carrera del Servicio Exterior Mexicano y el del Instituto Nacional Electoral son un par de ejemplos de casos exitoso en esta materia). Para lograr que las premisas básicas de la profesionalización se conviertan en realidad para toda la administración pública del país se requiere de un rediseño a fondo de lo que hoy tenemos. Invertir en profesionalización y en dar estabilidad a los servidores públicos, complementará las acciones de combate a la corrupción, pues en la medida que un funcionario pueda ver en su trabajo dentro de la administración pública una oportunidad de largo plazo para su vida laboral, buscará permanecer y enaltecer a la institución en la que se desempeña.

Y es justo en este punto que no se ha logrado entender del todo la apuesta del gobierno electo, que entrará en funciones el próximo 1º de diciembre, y que ha tratado de vincular la austeridad con el combate a la corrupción. Por supuesto, que es urgente eliminar privilegios innecesarios para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos en acciones prioritarias para las demandas de la gente. Sin embargo, la disminución de salarios y la eliminación de prestaciones no son consistentes con la idea básica de estabilidad y visión de largo plazo que se requiere para fortalecer a la burocracia y, sobre todo, a los mandos medios que son los que tienen toda la experiencia en las tareas del gobierno.

El anuncio de recortes salariales está llegando a estos niveles de personal, aunque en principio se afirmó que no se verían afectados. Esto era de esperarse pues al reducir salarios en los puestos de alta dirección, los tabuladores deben ajustarse para que los sueldos sean consistentes entre los niveles de responsabilidad de cada institución. La falta de claridad sobre estas decisiones y la afectación que éstas pueden tener en los funcionarios que han apostado por el servicio público como su vía de desarrollo profesional son una alerta que vale la pena estar monitoreando. La austeridad es necesaria, pero debe definirse de manera muy precisa dónde implementarla. Debilitar a la burocracia, no garantiza que se hagan mejor las cosas, por el contrario, debilita a las instituciones y abre ventanas de oportunidad para que la corrupción siga presente.

Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva
Red por la Rendición de Cuentas