El 8 de septiembre dio inicio el proceso electoral federal para el 2018. Para este ejercicio, no solo se elegirá al nuevo Presidente de la República, también serán electos 128 senadores y 500 diputados federales, además de 2,777 cargos locales, entre los que se encuentran: 8 Gubernaturas, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías[1].  Lograr que los procesos electorales se conviertan en verdaderos ejercicios de rendición de cuentas es uno de los retos que todavía deben de enfrentarse para consolidar la democracia mexicana.

Se ha logrado sistematizar un proceso en el que los ciudadanos participan de manera activa en las elecciones, son los propios ciudadanos los que cuentan los votos. En su momento, esto fue un cambio de paradigma sin precedentes, que incluso se exportó a otros países. Sin embargo, todavía no se logran blindar las elecciones de prácticas clientelares, en las que gana el partido que más movilización genera. De ahí que la transparencia en las acciones de los partidos políticos sea un factor fundamental para contribuir a que disminuyan este tipo de prácticas. La normativa en transparencia ahora obliga a los partidos a poner a disposición información de interés relativa con sus padrones de afiliados, candidatos, adquisiciones, financiamiento, ejercicio de su gasto, entre otras[2].  Ningún partido ha logrado cumplir con el 100% de sus obligaciones en transparencia, que son el piso mínimo para garantizar el acceso a la información más relevante de su gestión.

Transparentar esta información es solo el primer paso para empoderar a la ciudadanía y que se pueda dar seguimiento a la gestión de los recursos que se invierten para los procesos electorales. Con toda esta información a disposición, una buena fiscalización y el fincamiento efectivo de responsabilidades, es lo que podría impulsar un cambio en las contiendas por los cargos públicos. Esto no ha sucedido y en cada proceso electoral se documentan casos en los que se han rebasado topes de campaña, compra de votos e irregularidades, con muy poca efectividad. Este nuevo proceso electoral debería convertirse en una gestión ejemplar, que realmente logre un cambio en las reglas del juego no escritas que hay entre los partidos políticos. Aquí es donde la ciudadanía puede hacer la diferencia.

Se han realizado muchos esfuerzos por convencer a la gente para salir a votar, pero todavía no se ha logrado permear la relevancia y el poder que representa la boleta electoral. El fortalecimiento de la ciudadanía, su empoderamiento a través del voto, acompañado de acciones de transparencia y de exigencia puede hacer la diferencia para la democracia en México. Aunque el proceso electoral ya inició, todavía pueden impulsarse acciones que contribuyan a que la democracia se ejerza de manera efectiva y logre una diferencia en la percepción de la gente sobre la fuerza de sus decisiones para la vida pública de México.

Liliana Veloz Márquez

Directora Ejecutiva de la RRC

[1] Fuente: http://www.ine.mx/voto-y-elecciones/

[2] Artículo 76 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública