Política Nacional

Ejecutivo

a) Operan en opacidad programas sociales

De los 163 programas sociales que opera el Gobierno federal, 74 registran problemas graves de opacidad, concluye un análisis de Gestión Social y Cooperación (Gesoc). Esos programas sin transparencia, a los que Gesoc denomina la “caja negra” del gasto social, disponen del 38 por ciento de los casi 400 mil millones de pesos presupuestados para apoyos sociales. Las dependencias con más programas opacos son la Secretaría de Educación Pública (SEP), con 25, y la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), con 13, según el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2012 (Indep), presentado ayer por Gesoc. La organización advirtió que, si el presupuesto de todos los programas sociales que no rinden cuentas se entregara en efectivo a los más pobres, saldrían de esa condición en un año. “Si asignamos todo el presupuesto de los programas de la ‘caja negra’ a este tipo de hogares en vulnerabilidad de ingreso, anualmente se les estarían entregando 83 mil 695 pesos y mensualmente 6 mil 974. Lo cual implica que la situación de esas personas o esos hogares se estaría resolviendo”, planteó Alejandro González Arreola, director de Gesoc. En la mayoría de los programas sin transparencia, agregó, el problema es que no está identificada la población objetivo, por lo que resulta difícil medir su eficiencia; e incluso han encontrado dificultad en ubicar quién es responsable del programa (Reforma).

b) Relega Cofepris transparentar cuatro contratos

La Comisión Federal para la Protección contra Riegos Sanitarios (Cofepris) y Televisa se niegan a difundir cuatro contratos otorgados por adjudicación directa a dicha empresa durante 2011, alegando que firmaron entre ellas cláusulas de confidencialidad. Los cuatro contratos fueron firmados entre el 7 el 19 de diciembre de 2011 con Televisa y Editorial Televisa para una campaña de publicidad contra productos milagro y otra de medicamentos accesibles y seguros. El monto total ascendió a 4.8 millones de pesos. El pasado 17 de octubre, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) revocó la clasificación de información confidencial realizada por el Comité de Información de la Cofepris y ordenó a la dependencia entregar copias de los contratos completos a la persona que los solicitó. Televisa se había opuesto ante el IFAI a la difusión de los contratos. “Mi representada (Televisa) no otorga su consentimiento para que se entreguen copias de los contratos celebrados con la Cofepris, ya que contienen información comercial confidencial que le puede otorgar (sic) una desventaja ante sus competidores”, alegaron los abogados de la empresa en un escrito del 11 de octubre. “Las empresas con las que Cofepris celebró los contratos que nos ocupan no tienen derecho de reservarse dicha información, en razón de que, en virtud de dicho instrumento jurídico, la entidad contrajo obligaciones cuyo cumplimiento implica erogación de recursos públicos y porque los contratos que celebran las dependencias constituyen información de naturaleza pública”, replicó el IFAI (Reforma).

c) FCH propone que México deje de llamarse Estados Unidos Mexicanos

El presidente Felipe Calderón Hinojosa firmó hoy una iniciativa de decreto para modificar la Constitución y sustituir la expresión Estados Unidos Mexicanos, por el nombre de México. En la escalinata de la residencia Miguel Alemán de Los Pinos, el Ejecutivo Federal confió en que el Constituyente Permanente, integrado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, analizará y discutirá esta iniciativa de Reforma Constitucional, por la significación que tiene para todas y todos los mexicanos. “Es tiempo que los mexicanos retomemos la belleza y sencillez del nombre de nuestra Patria, México, un nombre que coreamos, que cantamos, que nos alegra, que nos identifica, que nos hace llenarnos de orgullo. Un nombre presente en cada celebración cívica, histórica, deportiva. Un nombre que nos identifica aquí y en todo el mundo y que nos llena de orgullo”, señaló. El Ejecutivo federal agregó que se trata de un nombre que amamos desde pequeños, y sostuvo que la palabra México tiene un sentido extenso y profundo, y coincide de la manera más pertinente con el concepto que los mexicanos tenemos de nuestro país. Acompañado por su esposa, Margarita Zavala; el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; y el consejero jurídico de la Presidencia, Miguel Alessio Robles; el presidente Calderón sostuvo que el nombre del país ya no tiene por qué seguir emulando al de otras naciones como lo hizo en el siglo XIX (Animal Político).

d) Pide SFP que nueva dependencia de continuidad a juicios

El secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, pidió a integrantes del equipo de transición del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, que la nueva dependencia anticorrupción continúe los juicios pendientes. Comentó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) lleva casi dos mil juicios ante tribunales, por lo que la instancia que se crearía ante la eventual desaparición de la institución que encabeza debe contar con personalidad jurídica para esos procesos jurisdiccionales. En entrevista aseveró que, de igual manera, la nueva instancia deberá conservar sus programas creados en transparencia, gobierno abierto, gobierno digital y mejora de la gestión, entre otros, para que la estrategia en ese sentido donde esté el nuevo órgano”. A su juicio, la desaparición de la dependencia a su cargo no representa un retroceso, pues depende de cómo trabajen las nuevas instituciones y organismos y “tengan claros los objetivos de cómo hacerlo” y de esta forma “creo que hasta puede mejorar”. Rechazó que la propuesta de desaparecer la dependencia, ya aprobada en la Cámara de Diputados, se deba a la falta de resultados, pues la SFP logró sancionar a más de 600 funcionarios conocidos como “peces gordos” que ostentan cargos de director de área hacia arriba. En ese sentido el funcionario abundó que a la fecha la dependencia a su cargo ha impuesto más de 50 mil sanciones, nueve mil de las cuales fueron destituciones e inhabilitaciones, consideradas las más severas (Milenio).

e) Por falta de aviones PGR despide a 213 empleados

La Procuraduría General de la República (PGR) despidió a 213 empleados que laboraban la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), debido a que no hay aviones en los que puedan desempeñar sus actividades. Con esta acción de la dependencia suman 349 los servidores públicos cesados desde febrero de este año. Mediante el oficio número DGSA/20126860, con fecha 16 de noviembre, el director general de la DGSA señaló que, ante la falta de aeronaves, la plantilla adscrita a la unidad administrativa resulta innecesaria. “Derivado de que las aeronaves en funciones, propiedad de la institución, han disminuido en forma sensible, no se justifica el excedente de personal”, se precisó en el documento entregado ayer a cada trabajador, de los cuales más de 120 son pilotos. Apenas el pasado 31 de octubre la procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, informó que la dependencia a su cargo contaba con una flota de 98 aeronaves, pero solo ocho se encontraban en condiciones adecuadas para su uso: tres son rentadas y cinco son de la institución. No obstante, la funcionaria confió en que al final del año puedan tener más de 20 aviones en operación. “La flota nunca ha estado parada, siempre se ha continuado (laborando). Hemos tenido que recurrir a otras dependencias del gobierno federal, mismas que nos han ayudado y auxiliado en operaciones, aunque también hemos recurrido a la renta de algunos aviones, mientras que otros todavía están en condiciones (de operar)”, agregó (Milenio).

 Legislativo

a) Refutan órgano anticorrupción

Senadores del PAN y el PRD polemizaron ayer con el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, por la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, que impulsa Enrique Peña Nieto. Mientras el priista pidió analizar el proyecto sin prejuicios, los legisladores exhibieron las “debilidades” de la reforma que impulsa el Presidente electo. “Es una buena intención crear un órgano nacional anticorrupción, pero se puede mejorar muchísimo la propuesta del PRI”, aseguró la senadora panista Laura Rojas, especializada en la agenda de transparencia. “La clave es que el órgano nacional anticorrupción tenga dientes y el nombramiento de sus comisionados sea independiente”, expuso la panista. El coordinador del PRD, Miguel Barbosa, consideró que la iniciativa de Peña Nieto es una simulación y que el problema de la corrupción en México no se resolverá con acciones superficiales, sino con castigos ejemplares. “El combate a la corrupción en México no podrá resolverse con propuestas simuladas que ataquen de manera superficial el problema”, afirmó. “Para tener efectividad hay que establecer verdaderos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todos los ámbitos de la Administración Pública Federal y establecer sanciones para los servidores públicos que incurran en ilícitos”. En tanto, Gamboa solicitó a los grupos parlamentarios “ver con buenos ojos” la reforma para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción (Reforma).

b) Propone PRD crear agencia anticorrupción

La bancada del PRD en el Senado presentó ayer una iniciativa para crear la Agencia Nacional de Combate a la Corrupción. El proyecto fue llevado a la tribuna por el senador Armando Ríos Piter, quien planteó la necesidad de que el nuevo órgano cuente con autonomía de investigación y pueda, directamente, perseguir los delitos relacionados con la corrupción. De acuerdo con la iniciativa, estará a cargo de siete fiscales generales, cuyos nombramientos serán aprobados por mayoría calificada en la Cámara alta. A diferencia del proyecto impulsado por el Presidente electo, Enrique Peña Nieto, este organismo sí podrá investigar y perseguir los delitos en la materia, tanto del orden federal como del orden local, por vía de atracción. De acuerdo con el proyecto peñista de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, ese instrumento sólo podrá sancionar a los funcionarios que incurran en faltas administrativas. Sin embargo, no podrá ejercer la acción penal y cuando encuentre actos presumiblemente constitutivos de delito, tendrá que dar vista al Ministerio Público y coadyuvar en la investigación (Reforma).

c) Aprueban reforma de Peña en materia administrativa

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, con la que se desaparecen las secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública, y que transfiere el mando de la Policía Federal al Palacio de Bucareli, y las tareas de auditoría interna a la Secretaría de Hacienda y a unidades de transparencia en las dependencias federales. Mientras el presidente de la Comisión de Gobernación Alejando Moreno Cárdenas (PRI) presentaba los argumentos a favor del dictamen, diputados del Partido del Trabajo subieron a la mesa directiva con dos mantas en las que se leía: “No al Estado gendarme”. Las mantas incluían una fotografía en la que se mostraba el rostro Enrique Peña Nieto, pero en su lado izquierdo aparecía combinada con la imagen del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz. El dictamen fue aprobado en lo general por 333 votos a favor, 50 en contra y 84 abstenciones. Según el recuento que hizo la mesa directiva, legisladores de todos los partidos reservaron en su discusión para lo particular prácticamente la mitad de los artículos a modificar con esta reforma. Moreno Cárdenas resaltó que la reforma, que parte de un proyecto de Peña Nieto y presentado como iniciativa por el PRI, busca cumplir con los compromisos de conducir un cambio con rumbo y contar con un gobierno y un estado eficaz. Con la modificación expuso, se contará con bases para la gobernabilidad y la seguridad del país, así como para renovar las fuentes de cohesión y unidad nacional. Desde la tribuna, el diputado Ricardo Mejía (Movimiento Ciudadano) dijo que si bien se exigió modificar la política de Seguridad Pública que deja al país “en un baño de sangre” tampoco se trataba “de hacer un traje a la medida para el impuesto” (La Jornada).

d) Diputados aprueban fusión de SSP con SEGOB

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 333 votos en favor, 84 abstenciones y 50 en contra, la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la Secretaría de Gobernación (Segob), así como la desaparición de la Función Pública (SFP). Asimismo la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la consolidación de la oficina de la Presidencia de la República, además de reformas a la Secretaría de Desarrollo Social para trabajar en el combate a la pobreza. El pleno de este órgano legislativo también acordó mantener la autonomía de gestión y transversalidad del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conai). A partir del 1 de diciembre el Poder Ejecutivo reducirá el número de dependencias federales de 18 a 16 secretarías de Estado. La discusión del dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública inició poco antes de las 14:00 horas y una hora y media después fue avalado en lo general por diputados del PRI, PAN, PVEM y Nueva Alianza. Al fundamentar el dictamen de reforma a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, elaborado por esas dos instancias legislativas, el presidente de la Comisión de Gobernación, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, dijo que la iniciativa tiene como fin organizar de mejor manera el gobierno, para rendir mejores resultados a los ciudadanos. Destacó que este resolutivo ha sido producto de un intenso y muy responsable trabajo, que reconoce el interés y participación de diputados y diputadas de todos los partidos (Animal Político).

Poder Judicial

a) Pugnan aspirantes por silla en la Corte

Los integrantes de las dos ternas de candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia comparecieron ayer ante el pleno del Senado. Los seis aspirantes propuestos por el Presidente Felipe Calderón hablaron de sus trayectorias como juzgadores, expusieron algunas propuestas sobre el funcionamiento de la Corte y pidieron el respaldo de los legisladores. Los primeros en hablar en la Cámara alta fueron los candidatos que podrían sustituir al ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia. El magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán se presentó para buscar el cargo por tercera ocasión. Propuesto por Calderón, el aspirante siempre ha contado con el respaldo de las bancadas panistas, pero no ha alcanzado las dos terceras partes de los votos necesarios. Su cercanía con el titular del Ejecutivo fue cuestionada más tarde, durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia. “Es evidente el aprecio que le tiene el señor Calderón. Me preocupa mucho el tema de la independencia de sus resoluciones en relación a temas que puedan involucrar al Gobierno saliente”, dijo la senador Dolores Padierna, del PRD. Pérez Dayán defendió su independencia y sostuvo que la objetividad de sus resoluciones puede reflejarse en los 25 años de carrera en el Poder Judicial. “Reafirmo mi convicción y sobrepongo mi compromiso de que siempre privilegiaré el bien común y será mi vocación de juzgador y mi formación humanista las que refrenden y den sustancia a mis valores”, señaló (Reforma).

b) Pelean por plaza en la Judicatura

La Comisión de Justicia del Senado recibió ayer a 11 de los 35 candidatos a ocupar un cargo en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Durante 25 minutos, los aspirantes expusieron sus propuestas e iniciativas para mejorar y modernizar el Poder Judicial. Algunos reconocieron que es necesario incrementar los controles y supervisión sobre los juzgadores para garantizar que cumplan con su responsabilidad, alejados de la corrupción. La magistrada Graciela Buchanan Ortega, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, urgió a que el Poder Judicial avance en la implantación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que incluye la puesta en marcha de los juicios orales en todo el País. Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, la aspirante lamentó que mientras los gobiernos estatales han avanzado en el tema, existen jueces que ni siquiera conocen el sistema. “El reto mayor que tiene el Poder Judicial Federal, porque tiene un término, es el acoger el sistema acusatorio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Poder Judicial? Que tome la batuta. No es posible que los estados lo estén implementando y el Poder Judicial no. “Nos ha tocado ver que los jueces de distrito no conocen el sistema, no tiene la capacitación y siguen en un sistema inquisitorio”, criticó (Reforma).

Organismos Autónomos

a) Llaman a fortalecer al TEPJF

El Poder Judicial en su conjunto, y de manera especial los tribunales electorales, deben fortalecer su capacidad institucional para garantizar la confianza ciudadana y la estabilidad del País, consideró ayer la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Jacqueline Peschard. “Sus resoluciones objetivas, imparciales, justas y puntuales son fundamentales para consolidar nuestro Estado de derecho y fortalecer nuestra gobernabilidad democrática”, dijo durante la inauguración del Seminario Internacional de la Transparencia a los Archivos. “Los procesos electorales constituyen uno de los últimos tramos por consolidarse no sólo por la relativamente reciente práctica democrática, sino también porque comenzamos a enfrentar con dificultades y dilemas que enfrentan todas las democracias en el mundo”, añadió. Mencionó dilemas como el financiamiento privado, directo o indirecto; el papel de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías y el desarrollo de elecciones cada vez más competidas. Planteó la necesidad de organizar elecciones más confiables y de dotar a la sociedad de información más oportuna y veraz que, al mismo tiempo, abone a perfeccionar el recuento de los votos, las controversias y las resoluciones judiciales. En tanto, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, indicó que la independencia judicial no debe confundirse, en ninguna circunstancia, con ausencia de rendición de cuentas. En el foro, realizado en la sede del Tribuna Electoral, también participaron Aurora Gómez Galvarriato, directora del Archivo General de la Nación, y el Magistrado Armando Maitret Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (Reforma).

b) Refrenda IFAI derecho de migrantes a información

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) refrendó el derecho que tienen los migrantes de ejercer el acceso a la información gubernamental y urgió a fomentar el uso de esta garantía en busca de bienestar social, conocimiento y respuestas a problemas específicos. Al presentar la ponencia “Acceso a la información: un derecho para migrantes”, en la XX Reunión del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), la presidenta del Ifai, Jacqueline Peschard subrayó que “hay que revertir la concentración geográfica y socio-económica del ejercicio del derecho de acceso a la información”. Obtener información, recalcó, es un derecho de todas las personas, incluidos los migrantes, y es una obligación de todos los estados y municipios con más de 70 mil habitantes contar con sistemas electrónicos que permitan realizar solicitudes de información desde cualquier parte del mundo. En un comunicado, señaló que los migrantes pueden acceder a información disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia, a través del cual las instituciones federales difunden servicios, trámites, requisitos y formatos, programas de subsidio y sociales, contrataciones y mecanismos de participación ciudadana, entre otros. Peschard Mariscal señaló que el Ifai diseña materiales audiovisuales, que son distribuidos en consulados y entre la comunidad mexicana radicada en el extranjero, además ha impartido talleres de capacitación, tanto presenciales como en línea, en la página http://cevifaicivil.ifai.org.mx/ (La Jornada).

c) Urgen crear Ley General de Archivos:

La rendición de cuentas exige que la Federación, los estados y los municipios homologuen, tanto su contabilidad gubernamental, como los sistemas de archivo, por lo que es urgente crear una nueva Ley General de Archivos (LGA), aseguró Sigrid Artz, comisionada del IFAI. A pesar de que la normatividad existente estipula la creación del Consejo Nacional de Archivos, integrado por representantes de los tres Poderes de la Unión, de los órganos autónomos constitucionales, de los tres niveles de gobierno y del sector privado, éste no tiene suficientes atribuciones para emitir recomendaciones que establezcan requisitos mínimos en materia de archivos. (El Sol de México).

d) La rendición de cuentas, sólo retórica

Entre sus eufemismos, el presidente Felipe Calderón suele decir que su gobierno se caracterizó por la transparencia real y tangible, aunque lo cierto es que ninguno de los funcionarios implicados en fraudes y actos de corrupción ha sido investigado, pese a los reclamos sociales. Al igual que en otros temas, Calderón presumía de lo que la realidad se encargaba de desmentir. A punto de terminar su administración los resultados son nulos. Hasta ahora nadie de la élite calderonista ha sido investigado. Los escándalos de corrupción están marcados por la impunidad, mientras que los obstáculos para tener acceso a la información fueron sistemáticos durante su sexenio. (Revista Proceso).

 Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades y Empresas

a) Pide CCE dar autonomía a órgano anticorrupción

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró positiva la propuesta del Presidente electo, Enrique Peña Nieto, de crear una Comisión Nacional Anticorrupción, siempre y cuando ésta sea dotada de la autonomía y el poder suficiente para llevar a cabo su tarea y dé a los ciudadanos un papel protagónico. “Es necesario garantizar que el esfuerzo no quede como una oficina burocrática más; que cuente con facultades y capacidades plenas para cumplir su mandato: recursos humanos y técnicos, andamiaje institucional y jurídico, y definición clara de funciones y alcances. Que no se diluya el potencial”, consideró Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE. En su comentario semanal, el empresario pidió que la nueva institución, propuesta la semana pasada en el Senado por iniciativa de Peña Nieto, no duplique esfuerzos y mantenga una cooperación estrecha con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), el Ministerio Público y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Es conveniente… que el nuevo organismo pueda promover convenios vinculantes de transparencia, auditoría y buenas prácticas con municipios, gobiernos estatales, dependencias públicas y todo aquel órgano que reciba fondos públicos o tenga operaciones con el sector”, agregó. Gutiérrez Candiani consideró imprescindible que el nuevo órgano anticorrupción cuente con un consejo consultivo integrado por miembros de la sociedad civil para garantizar su independencia de cualquier actor político. También se pronunció por la creación una línea de denuncia que sirva tanto a ciudadanos como a funcionarios (Reforma).

b) Sugieren a EPN apoyar Internet y TICs

Analistas y académicos enviaron una carta al Presidente electo Enrique Peña Nieto, su equipo de transición y a los legisladores solicitando la creación de una Comisión Nacional de Banda Ancha y Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Ante los pendientes que existen en el sector, la falta de cobertura y competencia, solicitaron su creación. “Llamamos al Presidente electo Enrique Peña Nieto, a través de las facultades que le otorga la Ley, a crear un organismo temporal denominado Comisión Nacional de Banda Ancha y TICs, encargado de coordinar, fomentar, socializar, divulgar e implementar políticas públicas en materia de banda ancha a través del uso, apropiación y alfabetización en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, menciona la misiva. Entre las obligaciones de esta dependencia se encontraría la de crear e instrumentar una Agenda Digital que incluya telecomunicaciones, TICs, contenidos y capacitación de los usuarios, con un calendario y objetivos medibles y calificables por sus resultados, además de un presupuesto asignado por el Congreso de la Unión, la cual se sujetará a la nueva normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas, destaca la carta (Reforma).

c) Recomiendan a Congreso reforzar transparencia

La organización civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc) recomendó a la Cámara de Diputados no incrementar el presupuesto y endurecer las medidas de transparencia y rendición de cuentas a 74 programas sociales del gobierno federal por presentar graves problemas de opacidad en la información que proporcionan. Entre los hallazgos reportados por Gesoc, destaca que 45.4 por ciento de los programas sociales (74 de 163), se catalogaron como la “caja negra del gasto social federal”, debido a que ni siquiera reportan la población potencialmente beneficiaria a la que atienden, o bien no reportan el avance que lograron en sus indicadores para el año fiscal 2012. Estos programas tuvieron un presupuesto asignado total de 152 mil 985 millones de pesos; es decir, el 38.4 por ciento del total asignado a los programas sociales. Entre los programas que se encuentran en este rubro, sobresalen: el de Apoyo al ingreso agropecuario: Procampo para vivir mejor; el de Subsidios federales para organismos descentralizados estatales y el de Becas, ambos de la Secretaría de Educación Pública; el IMSS-Oportunidades, del IMSS; el de Apoyo al Empleo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como el de Caravanas de la Salud, entre otros. Al dar a conocer los resultados del Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales 2012 (Indep), el titular de Gesoc, Alejandro González Arreola, indicó que esta herramienta fue desarrollada para, de manera ágil y sencilla, evaluar y clasificar el desempeño de los 163 programas federales sujetos a reglas de operación y de otros subsidios, que en 2012 representan cerca de 400 mil millones de pesos del presupuesto de egresos de la Federación – 13.9 por ciento de todo el gasto público (La Jornada).

d) Exhorta IFAI a garantizar la confianza ciudadana

La comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Jacqueline Peschard, sugirió al Poder Judicial y, de manera especial a los tribunales electorales, fortalecer aún más sus capacidades institucionales para garantizar la confianza ciudadana y la estabilidad del país. “Sus resoluciones objetivas, imparciales, justas y puntuales son fundamentales para consolidar nuestro Estado de Derecho y fortalecer nuestra gobernabilidad democrática”, dijo al participar en la inauguración del V Seminario Internacional de la Transparencia a los Archivos. Durante el foro organizado por el IFAI, el Archivo General de la Nación (AGN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Peschard destacó que los procesos electorales constituyen uno de los últimos tramos por consolidarse, no sólo por la relativamente reciente práctica democrática, sino también porque comenzamos a enfrentarnos a dificultades y dilemas que enfrentan todas las democracias en el mundo. “Elecciones cada vez más competidas y cerradas, la influencia del financiamiento privado directo o indirecto, el papel de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, todos ellos hablan de la enorme transformación que viven nuestros países y que, necesariamente, modifican las variables a considerar en cada elección”, indicó. En la sede del TEPJF expuso que dicho proceso también se ve acompañado de un mayor nivel de exigencia social y política que encuentra en la transparencia una solución óptima, en tanto que al fortalecer la credibilidad de las instituciones permite una mayor estabilidad política e institucional (Reforma).

Partidos Políticos

a) Morena elige a AMLO como presidente de su Consejo Nacional

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) eligió como presidente de su Consejo Nacional a Andrés Manuel López Obrador y acordó participar con candidaturas en las elecciones locales de 2013 y 2014. Al finalizar las mesas de trabajo y sesiones del Congreso Nacional, los integrantes de Morena aprobaron sus documentos básicos y eligieron a los 204 miembros del Consejo Nacional, que sumados a los 96 elegidos anteriormente suman 300. Los congresistas del movimiento acordaron igualmente reducir de 50 a 25 por ciento la cantidad de candidaturas externas aceptables, detallaron en un comunicado. El Comité Ejecutivo de la organización, cuando se convierta en partido político, será elegido por el Congreso Nacional y no por el Consejo Nacional como se proponía en los documento que se discutieron este lunes. Entre las mesas de trabajo que se establecieron para discutir los documentos y estatutos del partido estuvieron la organización para la transformación de la sociedad, a cargo de Raquel Sosa. La segunda, denominada Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, estuvo a cargo de César Yáñez, mientras la tercera, que se refiere a la elección democrática y libre de los órganos de dirección, corrió a cargo de Octavio Romero (El Financiero).

Política Local

Estados y municipios

a) Asigna Zacatecas 15 obras sin licitar

El Gobierno de Zacatecas violó la Ley de Egresos del 2012 al asignar 15 obras por un monto total de 172 millones 972 mil 420 pesos sin llevar a cabo el proceso de licitación pública nacional. Por ley, la Secretaría de Obras Públicas del Estado (SECOP) está obligada a licitar las obras cuyo monto de inversión sea superior a 2 millones 500 mil pesos. “Los lineamientos para obra pública de más de 2 millones 500 mil pesos se sujetarán mediante convocatoria o licitación pública”, señala el decreto para el Presupuesto de Egresos 2012. De acuerdo con un informe del Plan Operativo Anual 2012 de la SECO, obtenido a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de las 27 obras que la dependencia arrancó este año, 15 se contrataron sin licitar. Según el reporte, del que Reforma tiene copia, seis de estos proyectos corresponden a la construcción de las Unidades Regionales de Seguridad Pública, (UNIRSE), con recursos obtenidos a través de un crédito con Banorte, derivado del megaempréstito de 4 mil millones de pesos que fue aprobado por el Congreso del Estado en agosto del 2011. Un ejemplo es la UNIRSE del municipio de Río Grande, que tuvo un costo de 24 millones 590 mil pesos y fue aprobada por la SECOP el 28 de febrero de este año, a través del oficio PLA-AP/0021/12. Aunque la dependencia reportó que esta obra está concluida, aún se mantiene en proceso (Reforma).

b) Pierde Congreso juicios por 14.2mdp en Jalisco

El Congreso del estado está obligado a pagar al menos 14 millones 215 mil pesos al haber perdido 22 juicios laborales que fueron promovidos por trabajadores de este Poder desde 2004. El secretario general del Poder Legislativo, Marco Antonio Daza, informó de ello a los integrantes de la Comisión de Administración, que este viernes tuvieron su primera sesión ordinaria. Advirtió que el monto a pagar aumentará debido a que se han generado salarios caídos. “Esta cantidad es mayor en virtud de la omisión y retraso en el cumplimiento de laudos por el Congreso local, ya que hay juicios del 2004, con laudos en el 2008”, apuntó. En el mismo informe, el secretario general del Congreso dio a conocer que hay otros 187 juicios laborales en trámite, aunque, por el momento, no se puede establecer alguna expectativa respecto al sentido que podrían tener los fallos. Refirió que, según el área jurídica del Congreso, se requiere un análisis jurídico de cada juicio laboral para establecer un diagnóstico de esa naturaleza. Daza reiteró que el Congreso en este momento no tiene dinero para saldar los laudos laborales que perdió. “El Congreso del estado hizo todo lo posible por ganar los juicios, pero no se ganaron en esos 22 casos”, lamentó. En la misma sesión, la Comisión de Administración aprobó el Pacto de Austeridad y Transparencia que había propuesto con anterioridad el vocal de la misma, Miguel Castro, y un decálogo de acciones inmediatas para meter orden administrativo en la 60 Legislatura (Reforma).

c) Veracruz vuelve a fallar al informar sobre asesinatos a periodistas

La organización Artículo 19 considera que el gobierno de Veracruz “vuelve a fallar” en su obligación de establecer criterios consistentes para informar sobre los asesinatos de periodistas. Esta declaración se dio debido al asesinato reciente del periodista Edgard Hazz Herrera en el municipio de José Azueta en Veracruz, quien era delegado de la fundación priista Latiendo por México y columnista del diario local Nueva Imagen Informativa. Artículo 19 dice que los periodistas representan un grupo vulnerable en dicho estado, y que “el silencio, al igual que la filtración de información interesada sobre los casos de crímenes contra comunicadores, favorecen la especulación, al mismo tiempo que con ello se envía un mensaje negativo al resto de los periodistas de la región, quienes deben enfrentar la incertidumbre sobre su propia seguridad”. Y aunque la organización no asegura que el asesinato de Hazz Herrera fue derivado de su profesión, lo que sí afirma es que “la publicidad a los casos de violencia contra la prensa no puede operarse de manera discrecional, aun si no existe evidencia suficiente para establecer el nexo causal entre el derecho a la libertad de expresión y la agresión. Estimamos que al igual que las autoridades del estado han decidido dar despliegue mediático para exhibir de manera indebida a inculpados de delito o anunciar públicamente el carpetazo a los casos de homicidio de varios reporteros este año, también debe respetarse el derecho a saber de los periodistas de la región y de la sociedad en general, y aportar, con pleno respeto al sigilo que requeriría una investigación responsable, datos de los hechos que abonen a la confianza en un momento delicado” (Animal Político).

d) Con Moreira hubo 4 créditos irregulares

Al menos cuatro créditos fueron obtenidos por el gobierno de Coahuila usando documentos falsificados cuando Humberto Moreira era gobernador, de acuerdo con investigaciones de la Procuraduría Fiscal. La denuncia que la Procuraduría Fiscal presentó a la Procuraduría General de la República (PGR) refuta declaraciones de Moreira en el sentido de que los créditos con documentos falsos fueron obtenidos cuando él ya no era gobernador. La denuncia señala que el gobierno de Coahuila pidió entre 2009 y 2011 cinco créditos por un total de 5 mil 300 millones de pesos con documentos falsificados. Cuatro préstamos se pidieron cuando Moreira era gobernador, en diciembre de 2009 y julio, septiembre y diciembre de 2010. Sólo uno, en marzo de 1011, se pidió de manera irregular, cuando era gobernador interino Jorge Torres y Moreira había sido electo presidente nacional del PRI. La PGR tiene órdenes de aprehensión contra el ex titular del Sistema de Administración Tributaria de Coahuila, Javier Villarreal, y cuatro ex subordinados por la falsificación de decretos del Congreso local y documentos de la Secretaría de Hacienda para obtener los créditos. Por otra parte, Moreira negó datos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), según los cuales en su administración se obtuvieron más créditos de los que admite. Moreira afirma que cuando él fue gobernador se pidieron 22 mil 400 millones de pesos pero la ASE ubica en 28 mil 184 millones el monto de los préstamos entre 2008 y 2010, según publicó ayer El Siglo de Torreón (Animal Político).

e) Diputado de Tlaxcala promueve disco de su hijo con cargo al erario:

Un diputado priista de Tlaxcala utilizó las instalaciones del Congreso del estado y cargó a cuenta del órgano legislativo la presentación del disco de uno de sus hijos. Ramiro Vázquez Ramos solicitó el uso del Patrio Vitral del recinto, con vinos y bocadillos, para que su hijo Tonatiuh Vázquez Vilchis presentara el material, el lunes 26 de noviembre. Con el fin de que se le otorgara el permiso, el legislador argumentó a la Junta de Coordinación y Concertación Política que con ello fomentaba la cultura. Tras serle concedida la autorización, Vázquez Ramos pidió que se proporcionaran bocadillos y vino para los invitados y al área de Comunicación Social le ordenó hacer un comunicado de prensa para anunciar y promover el evento. Vázquez Ramos no ha utilizado ni una sola vez la tribuna del Congreso tlaxcalteca, por lo que su solicitud lo hizo blanco de críticas. Entre los 32 diputados que integran la Legislatura de Tlaxcala, no ha utilizado ni una sola vez la Tribuna. También se caracteriza, según el diario, por su poca productividad, además de que llegó al Congreso en calidad de suplente, tras un proceso legal que promovió ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado para exigir una curul. Recientemente el legislador demandó que, por derecho, se le pague un bono de más de 700 mil pesos por su trabajo. (Revista Proceso)

 Zona Metropolitana del Valle de México

a) Revelan deficiencias en transparencia

La Asamblea Legislativa puso al DF a la vanguardia en materia de transparencia al obligar a rendir cuentas a los entes públicos, pero los diputados mantuvieron la opacidad. Desde la información del trabajo de las comisiones hasta el reporte de gasto de prerrogativas, la ALDF salió con un nivel bajo y regular en 9 de las 18 obligaciones que le establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de acuerdo con el primer reporte legislativo que la organización Integralia elaboró sobre la Quinta Legislatura. En el documento de la evaluación, del cual Reforma tiene copia, se analizaron los resultados en las obligaciones que los propios asambleístas se establecieron, como el uso y gasto de prerrogativas, montos para informes de actividades, informes de gestión, entre otros, en donde se evidencian los pendientes. Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, detalló que la opacidad más grande y de mayor preocupación es el uso y destino que los diputados hicieron de 376 millones de pesos por concepto de prerrogativas entre el 2009 y el 2011. “En 2011 la ALDF aprobó la ley de transparencia y se convirtió en el primer órgano legislativo en México en dar cuenta cómo se gastan estos recursos, no hay ningún otro congreso, ni local ni la Cámara de Diputados, que den cuenta de esto. “(Las prerrogativas) se trata de una caja negra que desconocemos qué ocurre y la ALDF dio un gran ejemplo nacional en aquel momento de apertura informativa, yo lo celebré y aplaudí, pero a la hora de la hora los responsables de dar a conocer la información, que eran los coordinadores de los grupos parlamentarios no hicieron nada, de tal modo que engañaron y simularon”, criticó Ugalde (Reforma).

b) Fallan comisiones en la Asamblea

Con pocas reuniones de trabajo, escasos resultados y sin entregar reportes de gestión, las 36 comisiones ordinarias de la pasada Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) exhibieron un sistema de trabajo deficiente. Sólo 4 presentaron los 5 reportes a los que están obligadas, y únicamente 8 entregaron su informe final, de acuerdo con el estudio Reporte Legislativo sobre la ALDF en la Quinta Legislatura, realizado por la organización Integralia. Su director general, Luis Carlos Ugalde, explicó que dentro del estudio queda en evidencia el clientelismo legislativo. “El sistema de comisiones funciona con muchas deficiencias. En primera, hay muchas comisiones, lo cual es un reflejo del clientelismo legislativo al interior de la Asamblea, en donde todo mundo quiere tener un cargo para tener visibilidad y recursos”, expresó Ugalde. Por ejemplo -señala el estudio-, la Comisión de Desarrollo Rural sólo se reunió 4 ocasiones en los tres años, en contraste con la Comisión de Salud y Asistencia Social, que sesionó 72 veces. “Si se reunió cuatro veces en tres años es que son súper eficientes y en cuatro sesiones desahogaron todos los asuntos relevantes, o que no es necesario que se reúnan y por lo tanto su existencia es innecesaria, o tres, que es muy necesaria pero son muy irresponsables. “Estos indicadores te hablan de anomalías, porque no puede ser que la varianza vaya de 0 a 72; entonces, el problema de comisiones es un tema grave en donde la carga de trabajo es muy dispareja y donde claramente los números de las veces que se reúnen muestra que no cumplen con la normatividad”, explicó Ugalde (Reforma).

c) Comisión pide retirar estatua de Aliyev

El embajador de Azerbaiyán, Ilgar Mukhtarov anunció que analizará la recomendación de la Comisión de Análisis para retirar la estatua del ex presidente de Azerbaiyán, Heydar Aliyev , y se pronunció por una “mediación y negociación amigable”. Mukhtarov aseguró que no estuvo de acuerdo con algunas de las declaraciones de la comisión, pero que eso no significa que haya ruptura con su país, además que buscará tener un diálogo con las autoridades locales dado que todavía continúa la negociación oficial. “Somos conscientes que el origen de la situación actual fue impulsada por Armenia”, señaló el embajador. La Comisión de Análisis encargada de evaluar los cuestionamientos sobre la colocación de la escultura del ex presidente de Azerbaiyán, Heydar Aliyev, recomendó retirar la estatua, pero conservar el nombre del “Parque de la Amistad”. Mientras que para la plaza de Tlaxcoaque, la comisión propuso que sea un lugar donde se honre a las víctimas de la desaparición forzada. El gobierno capitalino inauguró la Plaza Tlaxcoaque, ubicada al sur del Centro Histórico de la Ciudad de México, en agosto. Este espacio, el cual quedó abandonado después del sismo de 1985, fue rehabilitado a través de un convenio de colaboración con la Embajada de Azerbaiyán y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Animal Político).

d) Cesan a director de Reclusorio Oriente por video de corrupción

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal separó de su cargo al director del Reclusorio Oriente, José Antonio Quintanar Rodríguez, en tanto se investigan los actos de corrupción captados en un video. De acuerdo con la dependencia capitalina, la remoción tiene como fin garantizar la imparcialidad en la investigación en la que tres custodios fueron captados realizando actos de corrupción. Todos fueron separados hasta que concluya la pesquisa. En una tarjeta informativa, la dependencia enfatizó que la subdirección jurídica de la prisión inició la indagatoria e informó al Ministerio Público de posibles hechos delictivos o faltas administrativas en que se pudieron incurrir los custodios. Cinco internos de esta cárcel (quienes se encuentran en huelga de hambre) subieron a YouTube un video en el que se ve a custodios realizar cobros ilegales a presos para pasar lista y poder ver a sus visitas. Entre esos internos se encuentra Josmar Flores Pereira, el evangelista boliviano que el 9 de septiembre de 2009 secuestró un avión Boeing 737 de Aeromexico, el cual aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México procedente de Cancún. El sujeto amenazó con volar la aeronave utilizando dos latas rellenas de tierra, focos pequeños y un reloj digital de pantalla, que simulaba un artefacto explosivo (Milenio).

Política Internacional

a) Sarkozy afirma que los Bettencourt nunca le dieron dinero

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy aseguró en su declaración ayer ante un juez en calidad de testigo asistido que no recibió dinero para financiar su campaña presidencial de 2007 del multimillonario matrimonio Bettencourt, dueños del imperio de cosméticos L’Oreal. Las palabras de Sarkozy han trascendido esta noche en la edición digital del diario regional francés Sud-Ouest, que dice haber podido consular los documentos judiciales sobre la declaración de doce horas del político conservador en el Palacio de Justicia de Burdeos (sur), que quedaron redactadas en 32 páginas. “Conozco a los Bettencourt desde los 28 años y tengo 57. He hecho cinco campañas municipales en Neuilly”, señaló Sarkozy, que afirmó que nunca le dieron dinero ni se lo pidió. Así se expresó Sarkozy ante el magistrado sobre su relación con una de las familias más ricas del mundo y residente en ese exclusivo municipio colindante a París del que Sarkozy fue alcalde. El exjefe del Estado declaró que no detectó síntomas de problemas mentales en la anciana Liliane Bettencourt, heredera del imperio de productos de belleza, quien actualmente tiene 90 años y se encuentra en estado de debilidad mental desde septiembre de 2006, según exámenes psiquiátricos. “Cuando la veía, no percibía ningún síntoma aparente de ello… Estaba bien vestida, no tartamudeaba, no decía ninguna inverosimilitud”, señaló ante el juez Sarkozy, quien subrayó que en sus “36 años de vida política” nunca antes había sido convocado en la instrucción de un caso, según los extractos de la exclusiva que mañana publicará Sud Ouest (Milenio).

b) Desmantelan en Brasil trama de corrupción

La Policía Federal de Brasil desmanteló hoy una trama de corrupción en la que están implicados al menos dos altos funcionarios del Estado y que tenía ramificaciones en un ministerio y siete organismos públicos. Seis personas fueron arrestadas en Sao Paulo y Brasilia y 18 personas en total están siendo investigadas por delitos como corrupción, falsificación de documentos, tráfico de influencias, entre otros. Varios medios brasileños señalaron que durante la operación, la Policía realizó hoy búsquedas en la oficina de la Presidencia de Brasil en Sao Paulo. Una de las acusadas de corrupción sería la jefa de gabinete de la Presidencia en Sao Paulo, Rosemary Novoa de Noronha, según estas fuentes, aunque la Policía no informó del nombre de ningún acusado. El superintendente de la Policía Federal en São Paulo, Roberto Troncon Filho, afirmó en una rueda de prensa que los dos altos funcionarios implicados trabajaban en la Agencia Nacional de Aguas (ANA) y en la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), aunque aseguró que actuaron sin e conocimiento de sus superiores. La banda estaba integrada por estos dos funcionarios y otras cuatro personas, que también que se ofrecían a empresarios para agilizar el papeleo en procesos de su interés y también hacían informes técnicos elaborados “a la medida” para favorecer intereses privados, según Troncon. La trama corrupta también tenía ramificaciones en la Agencia Nacional de Transportes Acuáticos (Antac), en la Abogacía General de la Unión (AGU), la Secretaría del Patrimonio de la Unión (SPU), el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Ministerio de Educación (Milenio).

c) Penas de más de 36 años para implicados en “juicio del siglo”

El Tribunal Supremo de Brasil dictó hoy sentencia contra otros cinco reos del juicio por las corruptelas que estallaron en 2005, durante el primer mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, y los condenó a penas que sumadas superan 36 años de cárcel. Con los reos condenados durante la audiencia de hoy, suman ya quince las sentencias dictadas por la corte, que aún debe establecer los castigos que corresponderán a otros diez de los implicados en el caso, que se refiere a sobornos parlamentarios y financiación ilegal de campañas electorales. Entre los condenados hoy figura Henrique Pizzolato, ex director de mercados del estatal Banco do Brasil, culpable de malversación, corrupción pasiva y lavado de dinero y quien recibió una pena de doce años y siete meses de prisión. También recibió sentencia el ex dirigente del Partido Progresista (PP) Joao Claudio Genú, quien fue condenado a siete años y tres meses por asociación ilícita, corrupción pasiva y lavado de dinero. Asimismo, la corte sentenció a cinco años de cárcel al ex tesorero del extinto Partido de la República (PR) Jacinto Lamas, culpable de los delitos de corrupción pasiva, asociación ilícita y lavado de dinero. Los otros dos reos condenados hoy eran directivos de la operadora bursátil Bonus Vanval, que manejó parte del dinero desviado. Se trata de Enivaldo Quadrado y Breno Fischberg, condenados respectivamente a cinco años y diez meses de prisión por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. La sesión de hoy fue dirigida por el juez instructor del caso, Joaquim Barbosa, quien mañana asumirá la presidencia del Tribunal Supremo tras la jubilación del magistrado Carlos Ayres Britto, la semana pasada (Milenio).