Las reformas a la constitución realizadas en mayo de 2015 y, posteriormente, la aprobación del primer paquete de leyes que le dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fueron producto de un esfuerzo sin precedentes de la sociedad civil organizada, con el apoyo de instituciones académicas y del sector empresarial. La nueva normativa contempla la creación de una instancia de coordinación de autoridades a cargo del diseño, evaluación y promoción de las políticas públicas anticorrupción, a la cual se le denominó Comité Coordinador, que inició actividades en 2017 y está conformado por: el Presidente del Comité de Participación Ciudadana, que también es quien está a la cabeza del Sistema, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción.

El problema de la corrupción en México ha dado pie a la captura de los puestos, los presupuestos y las decisiones y se ha traducido en la (in)capacidad del Estado para controlar el particularismo. Se trata de una forma de organización social que se caracteriza por la distribución de bienes sobre una base no universalista que refleja el acceso y distribución restringida del poder. A más de un año de esta puesta en marcha, la discusión se ha centrado en los procesos para consolidar las primeras acciones de este sistema. Para ello, se requiere que se apruebe una Política Nacional Anticorrupción que logre transmitir de manera clara y objetiva la dimensión del problema de la corrupción, así como del diseño de acciones de política que logren una coordinación transparente y pública de las instancias encargadas de dar seguimiento al quehacer de los funcionarios, incrementar la confianza en la administración pública, generar capacidades de investigación y fortalecer el trabajo de tribunales especializados en combate a la corrupción autónomos del titular del ejecutivo y mejorar el fincamiento de responsabilidades en la materia.

En medio de este contexto se diseña el 7º Seminario Internacional de la Red por la Rendición de Cuentas “Retos a las políticas anticorrupción: de la captura al universalismo”, que se realizará el 1º de octubre, en el Hotel Camino Real de Polanco. El objetivo es discutir las estrategias que han funcionado a nivel internacional en materia de combate a la corrupción, así como plantear los retos que todavía están pendientes para consolidar la Política Nacional Anticorrupción en un país con grandes retos para homologar estrategias y generar capacidades en los diferentes niveles de gobierno. Las conferencias magistrales y los paneles de discusión ofrecerán un espacio para poder discutir las diferentes visiones que hay para abordar el problema de la corrupción. La intención es enriquecer el debate y poder contribuir a que la Política Nacional Anticorrupción incorpore las mejores estrategias para transformar de fondo a la administración pública.

El Seminario también ofrecerá por tercer año consecutivo una jornada de formación para los integrantes de la RRC, el 2 de octubre, en la UDLAP Jenkins Graduate School. En este espacio se ofrecerán herramientas que ayuden a una mejor comprensión de la fiscalización, la corrupción corporativa, la transparencia proactiva, así como el nuevo esquema de responsabilidades y la gestión documental.

Los esperamos en esta nueva edición del Seminario de la RRC ¡Aparta la fecha!  Informes e inscripciones al correo (contacto@rendiciondecuentas.org.mx), espere pronto más detalles en el portal de la Red por la Rendición de Cuentas.