Entrevista a Lourdes Morales Canales | Coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas

Por Irma Ortiz

A pesar de que el combate a la corrupción se ha convertido en una reivindicación ciudadana y la falta de transparencia y la corrupción fueron algunas de las causas del castigo de los mexicanos a los partidos políticos durante los pasados comicios del 5 de junio, al aprobarse la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el Senado se incluyó una adenda en el artículo 29, para que las declaraciones patrimoniales y de intereses sean públicas, salvo los rubros cuya publicidad puedan afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.

Así, será el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción quien determinará “los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”.

Sobre los puntos fundamentales aprobados habla a Siempre! la doctora en ciencia política del CIDE Lourdes Morales Canales, directora de la Red por la Rendición de Cuentas.

Hay escepticismo

Su opinión sobre el mayoriteo PRI-PV que se dio en el Senado a la Ley de Responsabilidades.

En primer lugar, es una buena noticia que ya se haya discutido, dictaminado y aprobado. Vamos avanzando poco a poco en el paquete de siete leyes fundamentales para hacer del Sistema Nacional Anticorrupción, un conjunto de colaboración de instituciones y de apertura de un canal formal de participación ciudadana, para que éste a su vez empiece a diseñar la política nacional anticorrupción que necesitamos.

Respecto a la Ley General del Sistema que se aprobó, contiene muchas de las propuestas que se hicieron desde la academia, desde la sociedad civil, con cosas muy positivas: uno, el establecimiento de un comité coordinador —mesa rectora del sistema— que debe estar presidido por un ciudadano integrante del Comité de Participación Ciudadana. Es una buena señal, pero habrá que dotar a este nuevo entramado institucional, de una buena legitimidad.

La sociedad mexicana está muy escéptica con respecto al funcionamiento de las instituciones y sobre todo de la capacidad de implementación de las leyes. En México tenemos buenas leyes, pero lo difícil, lo real es su implementación y es una de las cuestiones que estuvimos empujando y que quedaron establecidas.

En segundo lugar, y que no estaba en el diseño original y se introdujo desde la Red de Rendición de Cuentas, es lo que se definió como el Coneval de la corrupción, esto es, un secretariado técnico que pudiera proveer de información a toda las instituciones que forman parte del sistema y que pudiera dar los elementos para conocer el impacto de esta política nacional anticorrupción, que queda establecida y representa un avance.

Tres: es el mecanismo para nombrar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, donde un punto positivo es que se hace vía el Senado de la República, que nombrará a un comité de selección integrado por miembros de la Academia, de las Universidades y organizaciones sociales, que son especialistas y con trayectoria probada en temas de transparencia, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Ellos definirán la metodología y el mecanismo para seleccionar a estos integrantes.

Es muy importante, como organizaciones, darle seguimiento a este proceso, para que el mecanismo despeje cualquier duda que pueda existir, y que sea completamente autónomo de los partidos políticos, para que no se manejen “ni cuotas, ni cuates” y escoger perfiles probados, que realmente representen una diferencia.

El comité puede sugerir y pedir explicaciones

Este comité tendrá que determinar qué es transparencia y qué es privacidad respecto de las declaraciones que se presenten.

El comité va a tener muchas funciones, tendrá no sólo que sugerir cuestiones para el diseño de la política nacional anticorrupción sino también sugerir —dependerá evidentemente de cómo quede la ley de fiscalización—, en determinado momento, que auditorías se pueden hacer, no lo determinará pero puede hacer sugerencias y, sobre todo, puede pedir explicaciones.

Supongamos que hay una investigación que no deja suficientemente satisfecha a la sociedad, como algún tipo de conflicto de interés y donde el Comité de Participación Ciudadana puede pedirle a las instituciones integrantes del Sistema, que amplíen determinados puntos, que no están lo suficientemente claros. Es una buena señal que se hayan incluido estas cuestiones en el diseño, y la Ley General del Sistema, no presentaba mayor conflicto.  

Es interesante, se agregó que el secretariado técnico tendría acceso a una plataforma de información, le llaman plataforma digital nacional, que va a estar conformada por la información que incorporen las autoridades, integrantes del sistema nacional y que agregaron a los sistemas electrónicos. Hay varios sistemas: de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de la presentación de la declaración fiscal que va a permitir un monitoreo de la veracidad de los contenidos. El manejo de esta información junto con otros mecanismos permitirán “prevenir” la corrupción o por lo menos, generar un sistema de alertas.

También está el sistema de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas, el sistema nacional de servidores públicos y particulares que son sancionados, la llamada “lista negra” tanto de empresas como de servidores públicos.

Además está el sistema de información y comunicación del sistema nacional anticorrupción, con el sistema nacional de fiscalización, para que haya un vínculo entre los tres sistemas de gobierno; un sistema de denuncias públicas, de faltas administrativas y de hechos de corrupción, que permitirá dar seguimiento a los casos.

La sexta es el sistema de información pública de contratación que resulta muy valiosa porque, como sabemos, la obra pública y las contrataciones son un área muy sensible a la corrupción.

Que a lo mejor siempre no

También es cierto que los servidores públicos van a tener que presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, que dependerá de la discrecionalidad, y dado el manejo que han tenido políticos y funcionarios que nos salen con que mejor no la presentan, por temor al crimen organizado.

Se da, porque el mecanismo que presentan ante la Función Pública, primero, no tiene suficientes mecanismos o no son lo suficientemente eficientes como para verificar la veracidad de la información y se ha vuelto un trámite más bien burocrático, donde los mayores sancionados son los que la presentan tarde y la presentan mal. Realmente no se ha podido activar como mecanismo de prevención como se hace en otros países.

Ahí pasamos a la Ley General de Responsabilidades, que se aprobó la madrugada de este miércoles, en la que hubo varias ausencias, particularmente de senadores del Partido del Trabajo que se ha dedicado a decir que esta iniciativa y la que estuvo respaldada por 165 mil firmas son de Televisa, que de verdad no sabemos de dónde sale esa mentira.

Y justo en el momento en que había que defender la iniciativa con los votos, más allá de los discursos grandilocuentes, se salieron del recinto algunos senadores.

Eso o es irresponsabilidad o forma parte del juego político que a ellos les interesa y en esta ley, donde vienen cuestiones muy sustantivas como la clasificación de conductas, de faltas administrativas graves, conductas de corrupción como sanciones, como algunos mecanismos de prevención, como instrumentos de rendición de cuentas. El problema es que una de las demandas sentidas de este paquete de leyes fue la publicidad de las declaraciones fiscales, patrimonial y de intereses.

Lo que se aprobó es que los contenidos de estos formatos van a estar diseñados por el Comité de Participación Ciudadana y serán sugeridos al comité coordinador. No da una certeza total, no, pero no creo que la batalla esté perdida y hay posibilidades de modificación durante el debate que se lleve a cabo en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, un punto que preocupa y que no sabemos de dónde salió, es que en las reservas ampliaron las obligaciones de la declaración patrimonial a las personas físicas, morales, es decir a particulares que tengan algún trato con el gobierno pero estoy hablando de todos los integrantes, lo que haría poco manejable la situación. En primera, porque no se sabe cuál es el diagnóstico que inspiró esta disposición y suena más a un acto de revanchismo político.

Particulares, sujetos de responsabilidad

¿Burocratizar para alentar?

Exacto, lo preocupante es que esta disposición puede entorpecer el funcionamiento del sistema. No estoy diciendo que los entes particulares deben quedar libres de cualquier responsabilidad, por supuesto que no. De hecho en la redacción original, que suscribieron los 634 mil ciudadanos, estaban contemplados también los particulares que tuvieran tratos con el gobierno, para ser sujetos de responsabilidad. De ahí a obligar a todos los integrantes de una empresa a declarar sólo porque una empresa tiene tratos con el gobierno y estoy hablando de todos los miembros, a hacer una declaración pública patrimonial de interés fiscal, me parece de verdad que no tiene sentido.

Fuente: Revista Siempre