La LVII Legislatura del Congreso poblano, que con mayoría priista destacó por su subordinación a la voluntad del gobernador Mario Marín en la segunda mitad de su sexenio, heredó a los actuales diputados un candado para inhibir el acceso a la información pública, particularmente a aquella que se refiere al uso del erario público, mediante una restricción de carácter económico.