Puebla, sede del Congreso Internacional de Rendición de Cuentas
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Lo acontecido en la sesión del pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (CAIP) el pasado 27 de marzo ilustra con precisión la dinámica que campea en el órgano garante a partir de la llegada de Federico González Magaña. Tanto él como el comisionado Javier Fregoso han perdido de vista que la institución fue creada como garantía de un derecho fundamental, para defender a quienes lo ejercen, no a las autoridades que se resisten a hacerlo una realidad en toda su potencialidad.
En el año 2012, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales alcanzó su autonomía constitucional, así como nuevas atribuciones y facultades para atender la ampliación de la base de Sujetos Obligados.
La iniciativa hizo récord incluso en el fast track. A las 8:00 llegó a la Comisión Permanente, turnándose para su análisis a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde fue aprobada sin la presencia de su presidente minutos después. A las 12:30, ya se había avalado en el pleno. En poco más de cuatro horas se presentó la propuesta de reformas al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, se dictaminó, se citó a una sesión extraordinaria del pleno y se votó. Horas más tarde, el decreto de reforma estaba publicado en el Periódico Oficial del Estado. Sí, el mismo día: lunes 3 de septiembre de 2012.
Todo empezó con la Ley de Ingresos 2012. En el sexenio de Mario Marín, se impuso en este ordenamiento un candado para impedir el acceso a la información comprobatoria de gasto público. Para ello, se estableció que quien deseara conocer esta información sólo podía hacerlo a través de copias certificadas, aunque se solicitara por vía electrónica, en copia simple o mediante una consulta directa.
El artículo sexto de la Constitución establece, en su fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar interés jurídico alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública”.
Para Rafael Moreno Valle y los diputados que conforman la LVIII Legislatura poblana, la nueva ley de transparencia será su prueba de fuego. La afirmación, digna de Perogrullo, es una obviedad que no requiere de más elementos para sostenerse, no obstante, tras las iniciativas enviadas por el gobernador al Congreso en materia de ingresos y egresos para el año 2012, y a casi un mes de su primer informe de gobierno, adquiere mayor relevancia.
La LVII Legislatura del Congreso poblano, que con mayoría priista destacó por su subordinación a la voluntad del gobernador Mario Marín en la segunda mitad de su sexenio, heredó a los actuales diputados un candado para inhibir el acceso a la información pública, particularmente a aquella que se refiere al uso del erario público, mediante una restricción de carácter económico.