El documento titulado “Hacia una Política Nacional Anticorrupción” señala que a pesar de que la corrupción es un problema multifactorial, es necesaria una definición clara del problema que permita diseñar estrategias que contribuyan a mejorar todos los ámbitos relacionados con el problema de la corrupción. En ese sentido, en esta propuesta se señala como raíz del problema a “la captura, entendida como la (in)capacidad del Estado para controlar el particularismo. Se trata de una forma de organización social que se caracteriza por la distribución de bienes sobre una base no universalista que refleja el acceso y distribución restringida al poder” (RRC, 2018). La captura está presente en cada una de las acciones que no permiten la creación de esquemas de profesionalización que blinden a los funcionarios, la toma de decisiones que no busca el bien común, así como la asignación de recursos y la impartición de justicia que no busca el interés público, sino que obedece a fines particulares, ya sea intereses político-partidistas o intereses meramente personales.
La propuesta inicial de la PNA tiene su base en cinco ejes estratégicos: profesionalización, puntos de contacto, responsabilidades, redes de corrupción y participación ciudadana. Cada uno de ellos ofrece una serie de acciones que se complementan entre sí.
1) Servicio de carrera que garantice la autonomía y generación de capacidades para los funcionarios públicos. (blindarlos)
2) Identificación de los puntos vulnerables para evitar que ahí se abran oportunidades de corrupción. Esto debe ir transformando poco a poco la gestión pública para lograr un trabajo más eficiente. Por ejemplo: modificar patrones en adquisiciones y obra pública, criterios de transparencia y seguimiento paso a paso de éstas, mecanismos de vigilancia ciudadana, entre otros.
3) Blindar también a quienes se encargarán de fallar los casos de corrupción (TFJA y fiscal anticorrupción). Así como entender que ambas partes deben colaborar para integrar los mejores expedientes que garanticen un fincamiento de responsabilidades efectivo.
4) Diseñar mecanismos de inteligencia que se hablen entre sí, que permitan que la información fluya entre el ámbito privado y público (información de notarías, bancos, declaraciones fiscales, de intereses y patrimoniales). Toda la información debe ser susceptible de cruzarse para identificar patrones irregulares y que permitan levantar banderas de alerta.
5) Finalmente, la participación ciudadana es fundamental. No puede entenderse el combate a la corrupción de fondo sin mecanismos ciudadanos de exigencia, que vinculen a la sociedad al trabajo de seguimiento de todas las acciones del gobierno. Ahí el acceso a la información, la protección a denunciantes, la vigilancia de los ciudadanos, la creación de observatorios el rendir cuentas y poner a la mano información de interés para que la propia ciudadanía levante la mano cuando haya algo “raro” es vital. De otro modo, el propio gobierno no encontrará los incentivos para hacer a la frente a la corrupción de manera seria.
De ahí la importancia de lograr la aprobación de una política que defina un problema público que se pueda atajar con acciones robustas y que contribuya a disminuir la corrupción de manera efectiva. Además, el reto es mayor al pensar en que todo debe aplicarse a todos los niveles de gobierno. Si en la federación hay problemas, a nivel local, la captura de puestos, presupuestos y decisiones es todavía mayor. Por eso es apremiante que se entienda que la captura es una de las causas definitorias del problema de la corrupción y que permite diseñar soluciones integrales para controlarlo.
Para enriquecer el documento inicial, el Programa Interdisciplinario en Rendición de Cuentas del CIDE (Comunidad PIRC) realizó un proceso de plural de consulta pública en todo el territorio nacional permitió recoger opiniones y reflexiones del sector académico, de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos para poder robustecer las principales acciones que deben integrar la PNA. El resultado fue un ejercicio amplio e interdisciplinario que ha permitido incorporar la visión de todas las entidades federativas. Se llevaron a cabo 12 foros regionales de consulta sobre la política anticorrupción, organizados en colaboración con diferentes instituciones, la mayoría de ellas universidades públicas. Los foros regionales se realizaron del 4 de septiembre y el 29 de octubre de 2018 en las ciudades de Mazatlán, Cuernavaca, Tijuana, Monterrey, Mérida, Xalapa, Guadalajara, Ciudad de México, Oaxaca, Guanajuato, Toluca, Villahermosa.
Con este proceso de consulta se ha podido incluir la visión local y los retos que se están enfrentando en las entidades para cumplir con lo que contempla la Ley General del SNA. De ahí surgirán nuevas líneas de acción en cada uno de los ejes que la propuesta de política contempla. Por ello, estos insumos, además de incorporarse en la propuesta que se ponga a consideración del Comité Coordinador del SNA, deben tomarse en cuenta para el desarrollo de los planes de trabajo del nuevo gobierno. La lucha contra la corrupción requiere de un trabajo coordinado y de definiciones muy claras que permitan la creación de un lenguaje común, que sirva de base para hacer frente a este grave problema de manera consistente en todo el territorio nacional. Ahí está la oportunidad y esperamos que la nueva administración la tome en consideración para enarbolar una de sus principales banderas de campaña.
Directora Ejecutiva
Red por la Rendición de Cuentas
