El grupo parlamentario de Morena presentó el pasado 18 de octubre la iniciativa para reformar, adicionar y derogar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Consulte aquí Iniciativa).  La propuesta contiene todas las modificaciones que la administración del Poder Ejecutivo entrante está considerando para poner en marcha su plan para la Nación. De manera general se observa en la propuesta la concentración de decisiones clave en un puñado de dependencias. Esto puede ser, por un lado una solución que permita un mejor ejercicio de los recursos; pero por otro, una manera de concentrar la discrecionalidad de las decisiones clave en el gobierno.

En ese sentido, vale la pena estar muy atentos de las acciones que se impulsen desde las Secretarías de Hacienda, la Función Pública y la de Bienestar, así como la creación de las Delegaciones de Bienestar que se proponen. Si bien, en la iniciativa se consideran otras dependencias, en éstas se concentrarán muchas decisiones en materia de compras y de toma de decisiones que deben transparentarse al máximo. Tomemos como ejemplo la consolidación de todas las compras de gobierno que la iniciativa propone que se concentren en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desapareciendo las oficialías mayores y convirtiéndolas en unidades de administración finanzas. Si bien, esto puede generar muchos ahorros, la necesidad de contar con reglas claras para esas consolidaciones, además de contar áreas dedicadas a la realización de estudios de mercado que garanticen que efectivamente se compre al mejor precio y con la mayor calidad, es una condición esencial. La alerta se enciende porque no basta con concentrar las compras, para garantizar el mejor ejercicio de los recursos debe contarse con mecanismos efectivos para transparentar y permitir un seguimiento puntual de los mismos, así como la creación de plataformas que informen a los ciudadanos de manera más eficiente sobre las compras de gobierno.

Otro caso es el de la transformación de la Secretaría de Desarrollo Social, en la Secretaría de Bienestar. Con este cambio, se presenta una gran oportunidad para hacer realidad, ahora sí, la existencia de padrones bien consolidados de todas las personas que acceden a los apoyos de los programas sociales en el País. Sin embargo, la generación de esas herramientas debe cuidarse al extremo y evitar que sean utilizadas con otros fines que no sean el beneficio de las personas. Por más candados que se han tratado de poner a todas las acciones en este sector, la realidad es que no se ha logrado que el acceso a estos apoyos no sea utilizado como una bandera política y que, en su momento, sea utilizado como moneda de cambio para contar con el voto de la población. Es por ello, que la transparencia en el manejo de los padrones y en el ejercicio de los recursos, así como el diseño de mecanismos que permitan que la sociedad pueda dar un seguimiento puntual a cada una de las acciones que se impulsen desde este sector, es clave para empoderar a los ciudadanos y evitar la discrecionalidad y mal uso de los recursos públicos. Lo mismo ocurre con la creación de la Delegaciones de Bienestar, que buscan concentrar en una sola dependencia la relación con los gobiernos locales. El riesgo de un mal manejo crece si no se cuentan con mecanismos que permitan que la población pueda dar seguimiento cercano a cada una de las decisiones que se tomen.

Para que la Cuarta Transformación del nuevo gobierno sea una realidad se requiere de una participación muy activa de la sociedad, empoderarla y abrirle espacios para alzar la voz es indispensable. Ahí está la clave lograr los cambios profundos que se están buscando para México.

Liliana Veloz Márquez

Directora Ejecutiva

Red por la Rendición de Cuentas