La Ley General de Archivos que se discute en el Senado de la República busca dotar a la ciudadanía de acceso irrestricto a los documentos que conforman la historia pública de la nación y con ello garantizar a las personas el derecho a la información para transigir documentos que son testimonio y memoria de las administraciones públicas.

No obstante, a pesar de que la discusión de la regulación ya ha avanzado en casi 80 %, parece que se ha detenido en sus puntos finales, tal vez los más difíciles de cabildear debido a la necesidad de separar a la Secretaría de Gobernación (Segob) de los procesos de resguardo y consulta de los documentos históricos, pues en la actualidad, es de esta dependencia de donde se desprende el Archivo General de la Nación (AGN).

Ramón Aguilera, investigador de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), señala la impostergable necesidad de separar de la Segob al AGN, así como las consecuencias que podría traer el esquema actual que lo ubica como órgano desconcentrado de la dependencia.

Entre los archivos que se pueden encontrar en el AGN están documentos que van desde memorias históricas de batallas icónicas por la independencia del país hasta las bitácoras de las autoridades en casos contemporáneos como la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968; el Jueves de Corpus o la Matanza de indígenas en Acteal, Chiapas en el año de 1977.

“Consideramos que mientras siga pegado a gobernación hay dos cosas; primero el presupuesto no está garantizado como lo estamos viendo hoy en día y, la segunda, es la tentación de que se maneje la información con fines políticos(…) el hecho de tratar documentos del siglo XIX puede tener una connotación política, como cuidar la imagen de un partido como en el movimiento del 68 y lo que representa”, dice.

Una parte importante de la estructura del AGN y cómo se conduzca con posterioridad, es el Consejo Nacional de Archivos (Conarch), el cual será es el encargado de crear las regulaciones secundarias de operación…

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