Uno de los mayores retos de la Ley General de Transparencia, que ayer fue aprobada en el Senado, estará en los estados, la mayoría de los cuales tendrá que realizar una transformación institucional para cumplir con las disposiciones de la nueva norma.
Así lo consideró Alejandra Ríos, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Estas modificaciones, indicó en entrevista, van desde la creación de unidades de enlace y comités de transparencia en cada entidad responsable, hasta el aumento en la carga de trabajo de los recursos de revisión que tendrán que atender los órganos garantes, ante el incremento del número de sujetos obligados y obligaciones de transparencia.
“Aquí tenemos un problema, por decirlo, de matemáticas. Por un lado, la propia legislación y la reforma constitucional amplían de una manera importante el número de sujetos obligados. Esto incrementa muchísimo el universo de acción de los órganos garantes.
“Y si los órganos garantes del País tiene debilidades estructurales importantes, entonces, ante un universo más extenso de acción, tienes órganos garantes con muy pocas herramientas”, indicó.
Ríos, coautora del estudio “Métrica de transparencia 2014”, elaborado por un equipo interdisciplinario del CIDE, puso como ejemplo de ese crecimiento exponencial el caso de Puebla, que con la nueva legislación alcanzaría poco más de mil sujetos obligados en sus municipios.
“Entonces, impacta mucho el universo de acción de los órganos garantes y los órganos garantes ante esta ley no tienen otra que ajustar su estructura interna, su estructura orgánica y ajustar su personal”, advirtió.
La investigadora indicó que otro reto importante va a ser la transformación de la cultura burocrática, pues se tendrán que documentar todos los actos de la autoridad, además de clasificar y conservar esa información.
“Si no existen archivos todo el sistema de transparencia será como un gran gigante guapísimo, bien vestido y demás, pero con pies de barro, porque el problema más importante que se detectó en le Métrica 2014, es la calidad de la información.
“Es decir, se responde a las solicitudes, pero no necesariamente se contesta toda la información que se solicitó y no necesariamente la información es de calidad, en el entendido de que refiera específicamente a lo que se pidió”, señaló.
