Se han cumplido 12 años, el equivalente a dos sexenios presidenciales, de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en México. Desde luego no es cualquier cosa, ni asunto menor, que en poco más de una década se hayan registrado cambios y avances importantes en la comprensión y dimensión social de los dos aspectos centrales que aborda dicha legislación: la transparencia gubernamental y el derecho de acceso a la información.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, producto de una larga lucha colectiva que hoy rebasa un lapso de 35 años, la LFTAIPG marcó un hito importante en la consolidación de la alternancia política del país.

Este periodo de más de una década no ha estado exento de sobresaltos ni de amenazas de retrocesos para desandar lo logrado. Pero también ha sido coronado con importantes modificaciones tanto a la propia ley federal como los cambios constitucionales de 2007, que establecieron el llamado “piso mínimo” en la legislación nacional en materia de transparencia y acceso a la información, como la más reciente reforma constitucional de febrero de este año.

Pero estos doce años de la LFTAIPG no se pueden entender sin la participación de la sociedad civil organizada, expresada en movimientos sociales a favor de comprender y plasmar en el marco jurídico mexicano el derecho de acceso a la información como un derecho humano fundamental.

Relevante sin duda en ese proceso fue la irrupción en el escenario nacional del llamado “Grupo Oaxaca”, un espacio colectivo de discusión y articulación de una acción social inédita en el país, que congregó a académicos, empresarios periodísticos y organizaciones sociales que aprovechando la coyuntura impuesta por la alternancia política en la presidencia de la República, estructuró un movimiento a favor de la reglamentación del derecho a la información (insertado en el artículo 6 de la Constitución federal, en la reforma política de 1977) y que dio como resultado la promulgación de la LFTAIPG.

Esto fue fundamental para la cascada de legislaciones estatales que siguió a la norma federal (casos emblemáticos fueron los de Jalisco y Sinaloa que son incluso anteriores a la LFTAIPG) y que lo largo de los primeros 10 años del siglo XXI, ha dado como resultado un amplio crisol de reglamentaciones en el país que de un modo u otro han abonado (unas más, otras menos) a favor de políticas de transparencia y a una creciente demanda ciudadana por el derecho a saber.

A doce años de la ley de transparencia la maquinaria que impulsa esas políticas públicas es ya imparable y puede ser irreversible, pues se abrió un camino que difícilmente puede cerrarse aunque surjan intentonas al respecto. Hoy existe una opinión pública que favorece y busca ensanchar lo logrado. Una sociedad civil articulada y organizada para impedir una regresión en este camino. Y una legislación que, aunque mejorable como toda norma, da garantías amplias para que la ciudadana recupere frente a las instituciones estatales su poder de exigir cuentas a sus gobernantes. Sin duda todo ello se deberá ensanchar aún más con las legislaciones secundarias de la reforma constitucional de este año.