El 11 de junio de 2002 se publicó una de las leyes de mayor trascendencia para la rendición de cuentas en México.1 En ella, se plasmó el derecho de las personas a poder acceder y solicitar información sobre el actuar de las instituciones y el ejercicio de los recursos públicos. Más de una década después, la propia Constitución se modificó y también se aprobó una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información2 para fortalecer aún más ese derecho en nuestro país. A 18 años de la aprobación de la primera ley de transparencia y acceso a la información, conviene hacer una valoración de los avances y retos que persisten.
Antes de reflexionar sobre este tema, es importante señalar que si bien existe ahora un órgano constitucional que vela por este derecho a nivel nacional –el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI)– y un sistema nacional de transparencia, el adecuado funcionamiento del acceso a la información depende también del grado en que los sujetos obligados publican periódicamente la información mínima que la Ley les mandata y entregan también aquella que las personas les piden mediante una solicitud de acceso a información.3 Es decir, para la garantía efectiva del derecho de acceso a la información se requiere un órgano garante proactivo y cercano a la ciudadanía y un gobierno que transparente e informe sobre su actuar; y se destacan cuatro aspectos relevantes: el uso de la ciudadanía de este derecho, el conocimiento de la ciudadanía de los órganos garantes, el rol de estos órganos como contrapeso, y el papel de la información proactiva para la garantía del derecho.
Un primer aspecto destacable es el uso creciente, y a lo largo de estos 18 años, de este derecho por parte de las personas. Por ejemplo, en el último año, se hicieron 969 mil 285 solicitudes de acceso a la información (71% a nivel local y 29% en la federación) por la Plataforma Nacional de Trasparencia. Incluso, el porcentaje de solicitudes en las entidades federativas aumentó 15% en sólo un año. Por su parte, la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) ofrece datos que dan cuenta también del uso de la ciudadanía de su derecho, en 2019, más del 60% de las personas señalaron que buscaban la información del gobierno en sus páginas y en los portales de transparencia en Internet.
Y si bien cada vez más personas ejercen su derecho al acceso a la información, los datos muestran también que existe un área de oportunidad para difundir este derecho de forma más amplia, ya que la mayoría de las solicitudes ingresadas provienen de la Ciudad de México (30.6%), el Estado de México (4.1%) y Jalisco (2.4%).4 Además, de acuerdo a la encuesta, en 2019, sólo 54.8% de la población tenía conocimiento de una institución que garantizaba el derecho de acceso a la información pública. Esto pone de manifiesto que tanto el INAI como los institutos de transparencia de los estados deben buscar que más personas conozcan su derecho y lo usen, y también que sepan de su labor como órganos garantes. Un primer paso podría ser que tiendan mayores puentes y sinergias con organizaciones locales y redes ciudadanas, así como tener campañas y comunicación social más cercanas a la ciudadanía, que logren llegar incluso a poblaciones rurales y a grupos históricamente excluidos. Esto se vuelve relevante, sobre todo en los estados, ya que, como se observó, las solicitudes tienden a concentrarse sólo en tres de ellos y porque, de una revisión que se realizó de sus portales, pocos tienen información en lenguas indígenas.
Otro aspecto que conviene destacar es el rol histórico de contrapeso que han jugado los órganos garantes frente a instituciones públicas. Cuando la ciudadanía no recibe una respuesta favorable a su solicitud de información, puede interponer un recurso de revisión ante los 32 órganos garantes de las entidades y el INAI, quienes valorarán la respuesta de los sujetos obligados y emitirán una resolución. De octubre 2018 a septiembre 2019, el INAI recibió 16 mil 892 medios de impugnación en materia de acceso a la información pública en contra de los sujetos obligados, cifra que representó un incremento de 69.7 por ciento respecto al período anterior octubre 2017-septiembre 2018.5 La facultad de resolución de solicitudes por los órganos garantes es muy importante porque la cultura de la transparencia no ha logrado permear completamente en las dependencias públicas y la ciudadanía sigue recibiendo negativas de información, inexistencias, o entrega de información incompleta. Incluso con los cambios de gobierno pueden verse retrocesos y los órganos deben velar porque estos no afecten el derecho. Por ejemplo, en el primer año del nuevo gobierno federal, aumentaron las declaraciones de inexistencia por parte de los sujetos obligados: se reportaron más de 14 mil inexistencias, en comparación con el primer año de otras administraciones federales que eran de entre 3 mil y 5 mil inexistencias.
Un último aspecto que conviene destacar es la necesidad de impulsar políticas de transparencia proactiva de forma masiva en todos los niveles de gobierno y sectores. Si bien mediante los ejercicios de la Alianza por el Gobierno Abierto, los órganos garantes y la ciudadanía han trabajado con los gobiernos para abrir más información sobre algunos temas, la pandemia del COVID-19 puso de manifiesto que las políticas de transparencia proactiva son indispensables para favorecer la disponibilidad de la información, sin que medie ninguna solicitud. Al inicio de la pandemia, tanto el INAI como los institutos de transparencia suspendieron los plazos para responder solicitudes de información y prorrogaron las fechas para que se cargara la información de oficio. Esto hizo que, por muchos meses, la ciudadanía no contara con información oportuna sobre los recursos que se estaban ejerciendo o sobre las medidas implementadas para la emergencia.
En suma, en estos 18 años ha habido avances, como que más de la mitad de la población conoce a estas instituciones y que hay un ejercicio creciente de este derecho por las personas. Sin embargo, persisten algunos retos como que el acceso a la información se vuelva una cultura dentro de las propias instituciones públicas, que haya cada vez más políticas de transparencia proactiva, y que las solicitudes se respondan de forma oportuna y exhaustiva. Asimismo, los órganos garantes tienen el reto mayúsculo de acercarse cada vez más a la ciudadanía y, sobre todo, a los grupos históricamente excluidos para que éstos conozcan su derecho de acceso a la información y la institución encargada de tutelarlo. Sólo así, el derecho de acceso a la información será una realidad para todos y todas en nuestro país.
* Janet Oropeza es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
Fuente: Animal Político
