Por ley, 16 congresos estatales no tienen la obligación de dar seguimiento a las observaciones y procedimientos iniciados por las auditorías superiores locales, dejando un amplio espacio a la opacidad y a la falta de rendición de cuentas.
El Distrito Federal, Tabasco, Estado de México, así como Baja California Sur, Jalisco, Sonora y Veracruz, figuran en la lista de 16 estados que no tienen esta obligación, según reveló el estudio “Auditorías Superiores Locales: Evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”.
El estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UdG) fue presentado este miércoles ante los medios de comunicación.
Aimée Figueroa (CUCEA) aseguró que lo evaluado fueron leyes de segunda generación sobre el rol de las auditorías, lo que sorprende porque no se está experimentando, ya fueron revisadas por el congreso.
En la evaluación que realizaron las investigadoras Aimée Figueroa y Jana Palacios, los estados promediaron 78.4 en materia de calidad del ordenamiento jurídico de la fiscalización.
Se estudiaron 192 cuerpos normativos, entre los que destacan las bases constitucionales, leyes de fiscalización superior, de presupuesto, de transparencia y los propios reglamentos internos del congreso y las auditorías.
Los resultados de las auditorías no tienen consecuencias.
Según la investigación, en México los resultados de las auditorías no tienen consecuencias reales en el trabajo de fiscalización. Por ejemplo, 8 leyes estatales no determinan qué debe hacer el congreso con los resultados de la revisión de la Cuenta Pública.
Asimismo, en Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas no existe la obligación de publicar los dos documentos más relevantes de la fiscalización: programa de auditoría e informe de resultados.
Jana Luna (IMCO) aseguró que la investigación entregó una serie de recomendaciones, entre las que destaca:
– Dar plena autonomía a la ASL para decidir sobre su gestión interna y resoluciones,
-Someter la decisión final sobre la determinación de responsabilidades y el inicio de procedimientos a la ASL,
– Establecer responsabilidades del Congreso y la ASL de dar seguimiento a los resultados de proceso de fiscalización,
– Generar obligaciones para una política de apertura y transparencia en documentos clave.
Por último, Aimée Figueroa aseguró que la investigación concluirá con la creación de una ley modelo de fiscalización superior de ámbito subnacional, misma que cumpla con los parámetros de autonomía, transparencia, congresos corresponsables y consecuencias de fiscalización.
Para conocer el documento del IMCO
Jana Palacios – IMCO
Aimée Figueroa
