Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de acciones para poner en marcha su plan de austeridad y combate a la corrupción. Una de las principales banderas durante su campaña fue el combate a la corrupción y sin duda, este es uno de los temas que más preocupa a la sociedad. Entre las medidas presentadas, llama la atención la falta de claridad sobre la publicidad de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses para los servidores públicos. En la propuesta, se habla de una autonomía de facto para la Fiscalía General y para la Fiscalía Anticorrupción, pero no se aclaran las vías para que eso efectivamente suceda.

Las medidas de ahorro y austeridad en materia de salarios y de acciones con respecto a la actuación de los servidores públicos pueden contribuir a definir nuevos códigos de conducta. Acabar con privilegios y excesos por parte de los altos funcionarios públicos es urgente, pero de nueva cuenta preocupa que en la propuesta que se presentó, estas acciones dependen solamente de la voluntad y el control central de la figura presidencial. Sin duda, como un primer paso, estas medidas pueden contribuir a que la percepción de la ciudadanía sobre la actuación de los funcionarios públicos y de la clase política en el poder cambie. Sin embargo, en muchas de las propuestas presentadas no hay claridad sobre la manera en que se va a garantizar que esas acciones puedan consolidarse como una transformación de fondo y permanente de la administración pública para evitar que los abusos, la impunidad y la corrupción sean la constante.

Ninguna de las medidas propuestas define acciones contundentes a favor de la consolidación de cuerpos administrativos de carrera, una batalla de años que se ha tratado de implementar para evitar el uso de los puestos públicos como botín. Un servicio civil de carrera que logre que los funcionarios públicos puedan tener la garantía de su trabajo, a pesar de los cambios de gobierno, que defina esquemas de profesionalización y de ética laboral que verdaderamente transformen el quehacer gubernamental. Por otro lado, estos 50 puntos, tampoco contemplan de manera clara los retos que todavía están pendientes para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). La generación de esquemas de inteligencia y colaboración que se requieren para poder desmantelar redes de corrupción y para lograr que desde el SNA se vayan identificando las áreas de opacidad, que puedan transformarse para evitar que se sigan abriendo espacios para la corrupción, es una herramienta que debe aprovecharse y que, en el mediano y largo plazo es la que puede contribuir a que las acciones del gobierno cambien de manera permanente e institucional.

La vigilancia y exigencia para lograr que estas propuestas realmente consoliden un cambio de largo plazo, son piezas fundamentales para la transformación que se está proponiendo. Habrá que estar atentos a los pasos que se vayan dando para dar vida a estos planes propuestos para el nuevo gobierno.