Una revisión en Baja California encontró que solamente tres de cada diez personas servidoras públicas obligadas habían avanzado en la publicación de sus declaraciones patrimoniales y de intereses en la Plataforma Digital Nacional.

La investigación identifica retrasos, interpretaciones legales contradictorias y problemas para generar versiones públicas que protejan datos personales. Es una nota central para evaluar la implementación territorial de la PDN y la diferencia entre presentar una declaración y hacer accesible su versión pública.