Miembros de la Red por la Rendición de Cuentas junto con un grupo plural de especialistas en materia de archivos, presentaron un posicionamiento público sobre la iniciativa de Ley General de Archivos y las audiencias públicas en el Senado de la República.
En el posicionamiento, los especialistas sostienen que es de la mayor relevancia desvincular la política pública nacional en materia archivística del control político de Secretaría de Gobernación, que pretende legitimar la Ley; además, indicaron que la adecuada valoración documental, junto con la conservación y plena consulta de los documentos históricos, son condiciones fundamentales para el quehacer administrativo, histórico, la construcción de una memoria nacional y el ejercicio de derechos fundamentales.
El documento explica cuáles son los mínimos requeribles para la nueva Ley General de Archivos además de subrayar que ésta no puede permitir regresiones que, de no tomar advertencia en las recomendaciones de los especialistas, el Senado de la República aceptaría un proyecto diseñado mayoritariamente desde las oficinas de Gobernación legalizando una política archivística débil para la gestión documental y la memoria del país, violatoria de derechos fundamentales como el acceso a la información y la verdad en casos de violaciones graves de derechos humanos, y sumamente nociva para la consolidación efectiva de los Sistemas Nacionales de Transparencia y combate a la corrupción, apunta el posicionamiento.
