El acompañamiento de las instituciones académicas y de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño para las reformas en transparencia y corrupción ha logrado legislaciones y diseños de avanzada en el seguimiento de las acciones de la administración pública. Nos encontramos en un momento estratégico para poder consolidar una buena implementación de estas reformas. Es momento de seguir alzando la voz para lograr que las instituciones, en todos los niveles de gobierno, echen mano de la experiencia de estas organizaciones e instituciones para consolidar las acciones pendientes en esta materia y en otros aspectos de la administración pública, que bien podrían abrir espacios de participación más activa de la sociedad.
La experiencia que tanto academia como sociedad civil tienen en la recopilación de información, integración de diagnósticos y evaluaciones, construcción de herramientas para el seguimiento a los programas públicos, generación de propuestas innovadoras para poder acercar a la ciudadanía con sus gobiernos; son solo algunas de las acciones que se realizan desde estas trincheras y que pueden ser de mucha ayuda para los gobiernos. No obstante, el reto a nivel local sigue siendo mayor que en la federación y la homologación a las leyes generales que se han promulgado, todavía refleja grandes diferencias en la sinergia y capacidad de trabajar de la mano con la sociedad civil que existe en las entidades federativas.
De acuerdo con el reporte emitido por la Comisión Anticorrupción del Senado, la mitad de los Congresos Estatales no han incorporado a sus constituciones locales las leyes anticorrupción. La fecha límite es el mes de julio. Sin embargo, experiencias previas como la de la legislación en materia de transparencia, que ha dejado en evidencia el gran reto que todavía existe para homologar la información y consolidar sistemas estatales de transparencia que cumplan con lo establecido en la ley general. Este reto representa la oportunidad de reflexionar sobre cómo diseñar mecanismos más efectivos para lograr la creación de estrategias efectivas en materia de transparencia y combate a la corrupción. La inclusión de expertos desde la academia y las organizaciones sociales es un insumo valioso para enriquecer el debate e incluir la pluralidad, no solo en la aprobación de las leyes, sino en el seguimiento de la información y de las acciones del gobierno.
El reto es enorme e incluso implica también para las organizaciones sociales y académicas locales, la construcción de un nuevo paradigma que requiere de un esquema de participación distinta al que se ha venido gestando en México en las últimas décadas. Se requiere autonomía, voces críticas y participativas que, desde lo local, logren exigir esquemas de parlamento abierto, inclusión en los debates y capacidad de hacer sinergia con las entidades públicas para trabajar en conjunto por la consolidación de los cambios institucionales que devuelvan a la ciudadanía la credibilidad en sus instituciones.
Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva de la RRC
