Aunque con la actual administración el combate a la corrupción en el país se ha hecho más visible, no existen avances en prevenir este flagelo e, incluso, hay algunos retrocesos como el que 80% de las contratos gubernamentales se hagan por adjudicación directa, afirma Juan Manuel Portal Martínez.

En entrevista vía telefónica con El Economista, quien fue auditor de la Federación del 2010 al 2017 es enfático: “Hay más riesgo de corrupción ahora en adquisiciones de servicios y obras que el que había en los sexenios anteriores”.

El contador público añade que centrar el combate a la corrupción desde la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador no es suficiente ya que se debe contar con una estructura de funcionarios públicos capacitados y honestos.

Sobre casos como la “Estafa Maestra” o los desvíos de recursos en Pemex y Emilio “L”, asuntos en los cuales la ASF durante su gestión alertó, Portal Martínez asegura que han existido avances aunque, dice, preocupa los tratos diferenciados que han tenido Emilio “L” —en libertad bajo palabra— y Rosario Robles —encarcelada en Santa Martha Acatitla—, o el trato al que busca llegar Emilio Zebadúa, oficial mayor en la Sedatu y la Sedesol.

—¿Observa cambios en la actual administración en el combate a la corrupción?

Creo que se está combatiendo a la corrupción de una forma muy visual, es decir, casos que todos conocemos y que ahora reconocemos que se está actuando.

Sin embargo, creo que falta mucho que hacer todavía. Yo no veo muy claro un programa anticorrupción.

Y voy a lo que está ocurriendo en la actual administración (…) las adquisiciones que hacen por adjudicación directa en más de 80% de los casos, esto es abrir la puerta a la corrupción, dejarla abierta (…) Yo creo que hay más posibilidades de corrupción en adquisiciones de servicios y obras que el que había en los sexenios anteriores porque no se está tomando en cuenta lo que dice la ley.

—La eliminación de los fondos se hizo bajo la premisa del combate a la corrupción.

En todos los años, hasta donde yo salí (2017), hay un cúmulo de información sobre aquellos que fueron auditados, yo creo que fueron la mayoría de los fideicomisos los que fueron auditados (…) creo que hay muchos elementos para ver, con base en lo que ha hecho la Auditoría y otros organismos como la Secretaría de la Función Pública, en menos medida, pero también lo hizo, para ver cómo estaban funcionando los fideicomisos. Quizá lo que se acordó fue un poco a la ligera, sin medir realmente las consecuencias.

—Se ha centralizado el combate a la corrupción desde la figura presidencial ¿se puede avanzar desde esta postura?

Es muy, muy difícil. Ejemplos sencillos como centralizar todas las adquisiciones del gobierno en una sola oficina eso propicia mayor corrupción, no hay suficiente estructura para asegurar que se cumplan con todas las normas.

Si queremos erradicar la corrupción tenemos que tener el personal competente, personal honesto, que cuente con una integridad intachable y eso no se está haciendo (…) Una política preventiva es mil veces mejor que una política sancionadora.

—¿Hay capacidades institucionales para recuperar recursos?

Un cambio de actitud sí veo en esta administración. Se está buscando sancionar cuando se tienen los elementos (…) La parte negativa, esta nueva política de austeridad está haciendo que las cosas que funcionaban bien, ahora ya no funcionan (…) Que tengamos información suficiente para recuperar dinero es algo bastante difícil y se requiere un proyecto con personal y equipos especializados en esto.

Fuente: El Economista