No encuentro ningún protocolo, ningún manual especializado o recomendación de autoridades nacionales o internacionales que no señalen como prioridad absoluta, contar con un fondo previo que esté allí, listo, antes de que un desastre o un evento perturbador ocurran. Parte de la preparación y la prevención, siempre y en todas partes, consiste en constituir un fondo intocado, destinado a responder a las recurrentes catástrofes.
El marco de Sendai, por ejemplo, que es el documento más desarrollado y mejor pensado de las Naciones Unidas “para reducir los riesgos de desastres 2015-2030” dice que los países “deben reforzar la aportación de recursos suficientes a través de distintos mecanismos de financiación, incluidas contribuciones mayores, oportunas, estables y previsibles a fondos preconstituídos” (p.26). Pues es esto, precisamente, lo que el gobierno del Presidente López Obrador destruyó, cuando decidió acabar con el fideicomiso de desastres naturales (FONDEN).
El 9 de septiembre, a paso veloz, justificó su decisión así: “Anteriormente se tenía un instrumento… era realmente una bolsa de dinero; cada vez que había una situación de gravedad por inundaciones, por sismos, se usaba esa bolsa… había proveedores selectos, preferidos, y con cargo a esos recursos se compraban víveres, enseres y lo que se necesitara; desde luego a precios elevadísimos, muchas veces no llegaban los apoyos, imperaba la corrupción… Nosotros decidimos desaparecer ese mecanismo y utilizar el presupuesto público que la Secretaría de Hacienda aporte todos los recursos que se requieran, no hay límite, porque se trata de salvar vidas, se trata de apoyar a la gente que lo pierde todo” (aquí https://bit.ly/3hU6YFx).
De esta manera pasamos de tener un fondo de precaución a la improvisación presupuestaria, conducida por supuestos buenos sentimientos del gobierno. Pero en el curso, perdimos al menos, otras tres cosas importantes.
Primero, un espacio de coordinación entre niveles de gobierno. El FONDEN erigía distintas bolsas en las que la federación y los estados concurrían, no solo para aportar, sino también para gestionar el desastre. A partir de ahora, esa atención será cada vez más centralizada, decidida desde la capital.
En segundo lugar, el esquema del fondo daba espacios para los co-aseguros, es decir, para que las instituciones, los gobiernos, la infraestructura pública pudiesen contratar seguros de carácter privado, de modo que en caso de desastre, no solo se contara con dinero público para atender emergencia y reconstrucción.
Y finalmente, las aportaciones de los organismos multilaterales (la ONU, por ejemplo) en la emergencia, por regla y norma, también se radican en los fideicomisos públicos preexistentes. Estos se vuelven una condición, un pivote para la ayuda internacional en el momento en que más se necesita.
¿Lo ven? Al destruir el FONDEN destruimos algo más que “una bolsa de dinero”, destruimos un mecanismo útil, destruimos reglas para la corresponsabilidad entre gobiernos, para la concurrencia de seguros privados y para la llegada de la cooperación de otros países.
Se trata de un retroceso mayúsculo en eso que conocemos como gestión de riesgos y prevención de desastres. A cuatro años del sismo del 19 de septiembre de 2017, creo, que debería decirse.
Fuente: Crónica
