Anunciada en la campaña y la transición de 2012, olvidada por el Pacto por México y resucitada a golpes periodísticos mediante casas facilitadas por Higa; promesa del Presidente en su decálogo de noviembre, no ha sido sencillo el camino de la ley que construirá el nuevo sistema anticorrupción.
En diciembre, por ejemplo, los panistas frenaron la discusión y las organizaciones no gubernamentales involucradas se pararon de la mesa porque apareció un dictamen —que algunos atribuyeron a Los Pinos— diferente al consensuado.
Un intenso trabajo de negociación que incluyó diputados de los tres partidos principales, Los Pinos y grupos de académicos y ONG’s dio como resultado una reforma constitucional que de acompañarse con leyes secundarias que respeten su espíritu, es un cambio respecto a la corrupción similar al que el primer IFE y sus leyes trajeron hace 20 años a la vida electoral.
Esta es también la opinión del profesor Mauricio Merino, que mucho sabe de estas cosas y ha trabajado hace años en ellas.
Advierte Merino que como toda ley, no es perfecta, pero “estoy tarareando mucho a Pablo Milanés en estos días —cuenta— con aquello de no es perfecta pero se acerca a lo que soñé”.
En incompleto resumen: la reforma promete una ley general de responsabilidades, la actual de responsabilidades administrativas es muy permisiva, compleja y antigua. Esa ley pondrá fin al problema del conflicto de intereses. Por primera vez se revisarán las participaciones federales, no solo las aportaciones. Se revisará 92 por ciento de lo que gastan todos los gobiernos. Se promete la construcción un sistema nacional de fiscalización y de sanciones reales. La Auditoría Superior podrá hacer auditorías en tiempo real, se fomenta el trabajo de auditores de carrera no nombrados por titulares de dependencias… Y otras cosas.
Como suele suceder en México, todo es más complicado de lo que debería ser.
Se comienza a escuchar que una fracción del panismo en el Senado, más por llevar la contra al otro panismo y por líos electorales, quiere meterle mano al dictamen, lo cual retrasaría la aprobación al menos hasta finales de este año.
Me dice Mauricio Merino: “Hay que ser claros, si los senadores deciden meterle mano a esta iniciativa que ya aprobaron esos mismo partidos en diputados después de una ardua negociación, lo que están haciendo es enterrarla. Que asuman eso, porque eso será”.
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