El 24 de septiembre del año pasado, en el marco del 69° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, México asumió la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto. El objetivo de esta plataforma es promover un modelo de colaboración entre gobierno y sociedad para impulsar la transparencia, la innovación, la participación ciudadana y con ello lograr mayor rendición de cuentas.
Al momento del anuncio, había razones para ser entusiastas: México había sido uno de los primeros ocho países fundadores de la iniciativa promovida por el presidente estadounidense Barack Obama y además había lanzado con éxito una ambiciosa agenda de reformas. Cuarenta y ocho horas después de asumir la presidencia de AGA, la historia daría un vuelco: los 43 normalistas detenidos por la policía municipal de Iguala, Guerrero; brutalmente desaparecidos por un grupo perteneciente a la delincuencia organizada sería el cruel recordatorio de un país con cierto desarrollo institucional pero “con parches de modernidad” y con serios problemas de pobreza y desigualdad.
Los escándalos de corrupción que saldrían a la luz pública durante los meses siguientes, las lentas y erráticas respuestas del gobierno y la constante impunidad no ayudarían en nada a mejorar la credibilidad interna, la confianza a todos niveles o los alcances participacionistas deseados por el modelo de cogestión que promueve la AGA en México. Aún así, esta semana se desarrollará la cumbre mundial de esta plataforma que ya suma a 66 países y que reunirá a integrantes de instituciones públicas, sociales y académicas de diversos países del mundo.
Desde hace meses se sabe que no será la gran fiesta pero tal vez este encuentro se convierta en una oportunidad para ir más allá de los 26 compromisos inicialmente establecidos entre un grupo de organizaciones sociales y gobierno, para desde una visión crítica y propositiva plantear una agenda de compromisos tendientes a una transformación política y social profunda.
La necesidad de transformar los compromisos de AGA en algo más que un conjunto de acciones útiles pero acotadas, ya fue planteada durante la última Cumbre de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible. Ahí, diversos países se sumaron a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se trata de 17 ambiciosos objetivos orientados a combatir la desigualdad y de una serie de acciones para que los países integrantes las incluyan en sus políticas internas durante los siguientes 15 años.
Resulta de especial relevancia el objetivo 16, el cual si bien no plantea eliminar de tajo la corrupción, si busca promover sociedades justas, pacíficas e incluyentes a través de instituciones eficaces, responsables y que rindan cuentas.
No es de extrañarse que en la 70 Asamblea de la ONU, 11 países del Comité Directivo de AGA suscribieran una declaración que reconoce a la rendición de cuentas como una meta transversal para lograr con éxito el resto de los objetivos. Si México es capaz de reconocer el problema en el extranjero, ¿por qué no tomará decisiones en casa?. Quizás esta semana, tengamos más respuestas.
