Han pasado más de ocho meses desde que se venció el plazo que el propio Congreso de la Unión se autoimpuso para sacar adelante la ley que pusiera en orden la publicidad oficial del Presidente de la República, los 31 gobernadores estatales y el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Para especialistas consultados por Sin Embargo, esto va más allá de evidenciar el claro desinterés de los legisladores federales por poner en cintura la propaganda encubierta y la información periodística simulada en las entidades federativas.

Significa un retroceso en la democracia, coincidieron, porque los ciudadanos acudirán a las urnas el próximo junio con la mente cargada de información propagandística que solamente ensalza las “virtudes” de los gobernantes, pero excluye los desaciertos y yerros de la clase política.

“El problema de la publicidad oficial es que impacta directamente en la democracia, si no hay un debate público verdadero con información eficiente y verás, pues entonces los ciudadanos no podrán tomar las mejores decisiones, tendrán siempre una opinión sesgada que es la que los funcionarios quieren mostrar”, afirmó en entrevista Ana Cristina Ruelas, Oficial del programa de Derecho a la Información de Artículo 19.

Para esta fecha, los especialistas calculan que el gasto en publicidad oficial del gobierno federal ascendió a cinco mil 700 millones de pesos mientras que oscilaría entre los siete mil millones de pesos a nivel de las entidades federativas.

Esto significa más de 12 mil millones de pesos gastados en transmitir una cantidad incontable de spots, infomerciales, propaganda encubierta y mensajes con motivo de los informes anuales de gobierno.

Muchos de estos spots fueron transmitidos en el transcurso del primer tercio del periodo electoral 2014 y 2015, que arrancó oficialmente el pasado 7 de octubre, sin ninguna legislación que regule este tipo de publicidad oficial.

“No hay reglas claras sobre cómo se tiene que dirigir el gobierno con la sociedad, cómo se tienen que dirigir, cuánto se pueden gastar. Es dinero público que muy seguido se usa para promover la imagen de los mismos gobernantes, y son recursos públicos que se usan en completa opacidad”, afirmó en entrevista Justine Dupuy, investigadora del Centro de Análisis e Investigación, Fundar.

La publicidad oficial o propaganda gubernamental son los espacios que compran los gobiernos federal, estatal y municipal en los medios de comunicación para informar a la sociedad sobre sus acciones. Se trata de una obligación para satisfacer el derecho ciudadano a conocer las tareas de quienes gobiernan.

Sin embargo, esta herramienta ha sido desvirtuada y se ha reducido a un conjunto de campañas publicitarias, spots televisivos, propaganda política y culto a la imagen personal de los servidores públicos, que ha costado millones de pesos del dinero de los contribuyentes.

Especialistas de Fundar y de Artículo 19 observan graves problemas en el mal uso de publicidad oficial que van más allá del dispendio de recursos públicos, como son el poner en riesgo derechos fundamentales como la libertad de expresión de los medios de comunicación y el derecho a la información de los ciudadanos…

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