Hazel Feigenblatt, directora general de Global Integrity, hizo un breve balance de la rendición de cuentas en Latinoamérica y El Caribe; destacó que se presenta una brecha entre la calificación obtenida por los diferentes marcos normativos y la implementación de la rendición de cuentas.
Durante el panel “Balance regional de la rendición de cuentas”, moderado por Jorge Nacif, secretario académico de la Escuela Mexicana de Archivos, Feigenblatt explicó que Global Integrity es una organización sin fines de lucro donde se realizan evaluaciones que se resumen en el Global Integrity Report, el cual ofrece información concreta, con evidencia, que pueda ser útil para cualquier actor que busque fortalecer la transparencia.
El reporte intenta evaluar tanto lo que dice la ley de un país, como lo que ocurre en la práctica. Se trata de un informe que consta de 120 indicadores, de los cuales hay dos tipos: los que se refieren a la ley y el grado con el que intentan normar, y los otros indicadores se refieren a lo que ocurre en la práctica.
El informe de toda esta investigación tiene como resultado tres calificaciones: una general, otra legal y su implementación. Esta organización ha analizado alrededor de cien países.
Bolivia y Guatemala, por ejemplo, son de los países con calificación general más débil de la región.
En Perú, la situación es un poco más optimista, tiene un marco legal con puntuación alta y una implementación más baja, pero que supera a otros países.
En el caso de Colombia el marco legal obtuvo una muy buena calificación, en tanto la implementación es mucho más baja, de 67, aunque comparativamente fue un poco mejor.
México tiene un marco legal fuerte, de 83, y una implementación de 52. En este caso, algunas cosas que sobresalen: son los conflictos de intereses, y las que sí existen no so aplicadas de forma tan eficiente.
Venezuela, es uno de esos países donde hay marcos legales sumamente fuertes, pero que no se cumplen, sobre todo en el tema de los conflictos de interés.
En su turno, Gerardo Berthin, asesor de Políticas de Gobernabilidad y Descentralización del Centro para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) coincidió con la mayoría de los panelistas en el sentido de que, en lo regional, el balance en el tema de la rendición de cuentas es mixto: hay avances y hay progresos y, en todo caso, observando desde un punto de vista más optimista, en toda crisis hay oportunidades.
Destacó la necesidad de una agenda a futuro donde la rendición de cuentas sea transversal no sólo al ámbito nacional sino también al ámbito subnacional y sectorial.
“Estamos en una era muy compleja donde la gobernabilidad y la rendición de cuentas han sido difundidas. Pero no sólo se trata el tema de la gobernabilidad sino también se cuestiona quiénes son sujetos a rendición de cuentas. Actualmente hay actores que son sujetos a la rendición de cuentas, como los organismos de cooperación internacional, las ONG, etcétera”, dijo.
Por otro lado se ve un proceso de transformación en el Estado en distintos modelos. Y esto está generando nuevos espacios para la gobernabilidad y la rendición de cuentas.
Finalmente, la primera jornada del Seminario Internacional Desafíos de la Rendición de Cuentas en América Latina fue cerrada por Ramón Alberch, director de la Escuela superior de Archivística y Gestión de documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Alberch habló de la relación entre archivos, derechos humanos y dictaduras militares. Presentó el proyecto de recuperación y acceso a los archivos y documentos de las dictaduras militares en América Latina, que es un proyecto internacional de Archiveros sin Fronteras y que permite un poco contrastar el concepto, las ideas generales, con una realidad.
Alberch considera que hay una sensibilización creciente del sector hacia el trabajo de los archiveros, “de que nuestro trabajo va perfectamente vinculado a ideales como memoria, verdad y justicia”.
Con su trabajo, añadió, es posible promover la memoria histórica, proveer de documentos originales para el ejercicio de los derechos ciudadanos y colaborar en la lucha contra la impunidad y le olvido.
También reiterar e insistir en que para poder correlacionar la información con los derechos humanos y ejercer este carácter beneficioso es muy importante que los archivos cumplan tres condiciones básicas: que estén organizados, que estén descritos, y, lo más importante de todo, que sean accesibles.
La salud democrática de un país tiene que ver con el grado de accesibilidad a la información, concluyó.