Por: Joel Salas
El país está en crisis y los mexicanos somos partícipes de ella. Basta mirar el Latinobarómetro o el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía 2014 publicado por el Instituto Nacional Electoral, para documentar la crisis de nuestra democracia. La historia es bien conocida. Entre 1977 y 1997 se modificaron las reglas de competencia para el acceso y ejercicio del poder desde los partidos políticos. El resultado fue la transición a la democracia electoral: alternancia en el poder y paso al pluralismo.
El descontento que hoy experimentamos con la democracia tiene que ver con las expectativas que se generaron en torno a ella y que no son satisfechas con el ejercicio del voto. Además, no se desarticularon dos pilares del régimen previo y aún convivimos con ellos: la corrupción y la impunidad. Por otra parte, un vistazo a los medios de comunicación y las manifestaciones dentro y fuera del país evidencia la crisis del vínculo de confianza entre el gobierno y la población. Los escándalos de corrupción y conflicto de interés ocupan las primeras planas. Los partidos políticos no se salvan: parecen solapar lo anterior y muchos ciudadanos no se sienten representados por ellos.
En este contexto, el Legislativo discute el Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el debate es necesario tener claridad sobre la importancia de que ambas iniciativas se articulen para contemplar las más opciones posibles para fortalecer el combate a la corrupción y la impunidad. Por tanto, es necesario arropar e impulsar el sistema y la ley en conjunto para abrir una segunda transición democrática.
El sistema plantea la judicialización del combate a la corrupción. Su puesta en marcha deberá impulsar una cultura de la legalidad. Su objetivo es atajar espacios a actos de corrupción y cambiar los incentivos a todos los servidores públicos mediante mecanismos que permitan y fortalezcan la prevención, la investigación y la sanción de quienes incumplan la ley. Sin embargo, el Sistema Nacional Anticorrupción se queda corto en “medidas preventivas”, como las denomina la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta convención entró en vigor en nuestro país en diciembre de 2005 y propone la transparencia y rendición de cuentas, los códigos de conducta y las declaraciones patrimoniales obligatorias, la difusión pública de procedimientos de licitación, entre otras medidas preventivas.
Para combatir la corrupción, la convención que mencioné también propone en su artículo 13 buscar medidas para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, es decir, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y lucha contra la corrupción. En particular la convención destaca dos acciones relevantes: primera, aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones y, segunda, garantizar el acceso eficaz del público a la información.
En pocas palabras, la limitante del sistema es no abrir las puertas para que la sociedad sea un contrapeso efectivo, porque no fomenta la participación de aquellos que no pertenezcan al sector público. Tampoco plantea una nueva relación entre población y autoridades: las decisiones de política pública en la lucha contra la corrupción se tomarán a puerta cerrada.
Una Ley de Transparencia robusta es la puerta para ese cambio. Además de garantizar a la población su derecho de acceso a la información pública, se le permitiría vigilar de cerca el poder que ejercen aquellos que deberían representarlos. La puerta es amplia: el ejercicio de este derecho fomenta una relación distinta entre la población y sus autoridades, ya que la información es un recurso estratégico que fomenta la redistribución de los recursos organizativos de la sociedad. La información permite a las personas involucrarse en cada una de las etapas de las políticas públicas que los convoquen o interesen. No hablamos de crear expectativas, sino de involucrar a la población en el ejercicio democrático del poder.
La aprobación y puesta en marcha conjunta del sistema y la Ley de Transparencia podrían cuartear la corrupción y la impunidad, pilares que prevalecen pese a la transición democrática. La puesta en marcha del Sistema Anticorrupción y a la aprobación de una buena Ley de Transparencia plantean la posibilidad de un cambio significativo: complementar nuestra democracia electoral con la participación y vigilancia cotidiana de las diversas políticas públicas y sus procesos por parte de la población. Es decir, abrir la puerta a una democracia participativa y deliberativa que arrope a la electoral. Así, la corrupción e impunidad no solo se sancionan, se atajan desde la sociedad.
Hoy, los funcionarios que han sido elegidos por el voto, tanto titulares del Ejecutivo federal y locales, como integrantes de los Congresos federal y estatales, pueden abrir una puerta a la participación ciudadana y complementar la democracia electoral mediante la deliberación y participación. Como escribió Delmer Dunn: “Los funcionarios públicos electos… deben vigilar a la burocracia, infundirle preferencias democráticas y hacerla responsable de los procesos democráticos”. Para lograrlo, para abrir una segunda transición democrática, la aprobación conjunta del Sistema Anticorrupción y la Ley de Transparencia son pasos firmes.
Lo anterior no es retórica, se necesitan cambios puntuales, por ejemplo: bastaría modificar el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para establecer como obligaciones de transparencia que los servidores públicos electos o designados presenten versiones públicas de su declaración patrimonial y de interés. De esa manera, cualquier ciudadano podría consultar con cuánto dinero llegó su presidente municipal al cargo, con cuánto sale y, si nota una disparidad considerable, aportar pruebas para que la autoridad ejerza acción. O bien, podría consultar la declaración de interés de sus gobernadores e identificar si favoreció a la constructora de su amigo o compadre y denunciarlo ante la autoridad competente. Con esta información, la sociedad sería en un contrapeso efectivo y colaborativo.
Para encarar la crisis de la democracia y restaurar el vínculo de confianza entre el gobierno y la población son necesarios en conjunto el Sistema Nacional Anticorrupción y una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública robusta. Todos debemos, además, asegurarnos de la efectiva implementación de ambas. Abramos la puerta a una segunda transición, demos el paso de una democracia electoral a una deliberativa y participativa en un marco de legalidad. Estos deben ser nuestros objetivos.
Twitter: @joelsas
Fuente: Milenio
