En la exposición de motivos se señala que dicha legislación tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública.
En la legislación se faculta al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), a imponer sanciones al servidor público que incumpla su obligación de dar la información que demandan los ciudadanos.
Las sanciones podrán ir desde la amonestación pública hasta una multa, de entre 150 a mil 500 veces la unidad de medida vigente en la Ciudad de México; extendiéndose esta sanción a miembros de los sindicatos, partidos políticos o a la persona física o moral responsable.
El ciudadano podrá solicitar cualquier información que esté en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales.
Asimismo, de Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de México…
