El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular el dictamen que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual implica la reforma de los artículos 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución.

Durante los posicionamientos de los distintos partidos, legisladores reconocieron el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil como la Red por la Rendición de Cuentas, Fundar, México Evalúa, entre otras, en la redacción e impulso de este dictamen.

Sin embargo, dicho dictamen no contempla que el Presidente de la República sea juzgado por delitos de corrupción, violación a la Constitución y leyes federales, mal uso de fondos públicos, delitos graves  del orden común, entre otros.

Ante ello, el diputado Fernando Belaunzarán señaló que todos los jefes de Estado deben ser juzgados por la violación a las leyes, “…esto lo tienen muchas legislaciones del mundo democrático”, explicó.

Reconoció que la aprobación del SNA es un triunfo de la sociedad civil y es mezquino regatearlo y comenzar a politizarlo, reconociendo el trabajo de la Red por la Rendición de Cuentas y las propuestas que “ahí se ven reflejadas”.

“Los aires electorales hacen que unos la quieran privatizar y quitarle el triunfo a la sociedad. Ésto no se hubiera podido sin la presión ciudadana y la crisis de legitimidad y confianza hacia los políticos.”

Dijo que la aprobación de este sistema, no significa que la corrupción acabe muy pronto: “El problema no son las manzanas podridas, el problema es la canasta que las fomenta y las protege. El Sistema Nacional Anticorrupción ayudará a cambiar la canasta.”, explicó.

Finalmente, señaló que la reforma señala que el SNA aplicará sólo hasta que estén aprobadas las leyes secundarias en la materia, las cuales aún hay que trabajar y darles un seguimiento cuidadoso. 

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera, señaló que la corrupción, al igual que el cáncer, se propaga en las instituciones, por ello es fundamental erradicarlo a tiempo.

Agregó que este proyecto posibilita la auditoria en tiempo real de fondos y fideicomisos públicos y privados, permitiendo que la Auditoría Superior de la Federación  audite a las entidades y órganos autónomos, recalcando que las sanciones que estable el Sistema Nacional Anticorrupción  precisa que la acción penal de los delitos no será menor a 7 años con el objetivo de eliminar la impunidad

Por su parte, la diputada Elizabeth Yáñez explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción fortalecerá la rendición de cuentas, sancionará la corrupción y eliminará opacidad y discrecionalidad. Asimismo, la diputada afirmó que dicho sistema será un órgano autónomo, ciudadano e integral; señalando que es deber de todos los mexicanos establecer nuevas formas de lucha contra la corrupción, recordando que nadie puede estar por encima de la ley.

Finalmente, el diputado Marcos Aguilar Vega sostuvo que la corrupción afecta seriamente a todas las familias. De acuerdo con el legislador, la propuesta del SNA permite enfrentar la problemática sin que el Ejecutivo intervenga en ello. Por ello, es necesario crear un órgano autónomo, con relevancia constitucional, donde los magistrados sean inamovibles por 15 años y formado por 16  integrantes divididos en tres salas: fiscal, administrativo y disciplinario.

Hasta abril se discutirá en el Senado: Barbosa

Después de aprobado el dictamen, será turnado a la Cámara de Senadores para su votación y posible aprobación. Sin embargo, recientemente Miguel Barbosa, presidente de la Cámara de Senadores, adelantó que posiblemente será hasta el mes de abril cuando el Senado revise el Sistema Nacional Anticorrupción.

“Lo del Sistema Nacional Anticorrupción como sea enviado de la Cámara de Diputados, va a ser en abril. Es que no puede ser de otra forma, nosotros tenemos que hacer un análisis de lo que nos envíen, ¿sí? Yo creo que tendrá que ser a partir de la última semana de marzo y lo que corra de abril”. Explicó.

Además, reconoció que propondrá a los líderes de las bancadas del PRI y del PAN, Emilio Gamboa Patrón y Fernando Herrera Avila, procesar en la segunda y tercera semanas de marzo la expedición de la Ley General de Transparencia, la reforma constitucional del presidente Enrique Peña Nieto, en materia de seguridad y justicia y la Reforma Política del Distrito Federal.

“La idea es que en dos semanas resolvamos todo. Las resistencias, las postergaciones, las estrategias para que no haya productos legislativos de los temas pendientes están a la vista. Están a la vista: temas de transparencia, temas del DF, temas de seguridad; detrás puede haber la pretensión de negociaciones de acuerdos, es válido inclusive”, concluyó.