GUANAJUATO, Guanajuato.- Con algunos temas aún pendientes que incluso podrían dejarse para su discusión en el Pleno Legislativo, este martes los legisladores de la Comisión de Gobernación aprobaron varios dictámenes en materia de transparencia y combate a la corrupción, esto último en donde el diputado Luis Felipe Luna reiteró su planteamiento de revisar el nombre de la “Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas”, porque por técnica legislativa es incorrecto.

Sin embargo la discusión se dejó para después, al igual que la necesidad o no de incluir en esta ley un capítulo relacionado con derechos y obligaciones (normas éticas) de quienes concurren en estos actos administrativos (corrupción), como insistió el diputado Javier Contreras Ramírez.

Por su parte al final de los trabajos, el presidente de la comisión Óscar Arroyo Delgado, destacó que “se analizaron y aprobaron cinco dictámenes que se turnarán a la mesa directiva para que pasen al Pleno”; el primero de ellos, acerca de una minuta para facultar al Congreso de la Unión a que expida una ley que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y catastros municipales.

También que realice un dictamen relativo a la autonomía constitucional del Instituto de Acceso a la Información Pública, así como el nombramiento de los consejeros, “que ya no serán tres, sino cuatro, a propuesta del gobernador, pero tomando en cuenta asociaciones civiles”, enfatizó.

Una iniciativa más a propuesta del Ejecutivo, dijo, es para establecer mejoras y reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se destaca que el secretario general de Acuerdos y Actuario, entre otras atribuciones van a tener fe pública en el ejercicio de su encargo y se establecen los requisitos para ocupar dichos cargos.

También se acotó de tres a dos años el periodo de la Presidencia del Consejo General, además de que se incorpora un término de tres días para que el solicitante de información cumpla con requerimientos y se elimina la figura de tercero interesado en el recurso de revocación, y se elimina la atribución o facultad que tenía el Consejo General para revisar la clasificación de información reservada; con el objeto de que tener la posibilidad de información pública pronta y expedita, señaló.

Otro dictamen que surge de una iniciativa más del Ejecutivo, explicó, es la reforma a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores Públicos al Servicio del Estado y de los municipios, que según el diputado Arroyo “establece figuras procedimentales que atribuyen garantizar a instituciones gubernamentales más ágiles, eficientes, eficaces y capaces”.

Y por último dijo,  se discutió y aprobó la iniciativa de Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado, la cual busca establecer responsabilidades y sanciones que deban imponerse tanto a funcionarios públicos como a personas físicas y morales de cualquier nacionalidad por infracciones en que incurran de manera directa o indirecta con motivo de su participación en contrataciones públicas a nivel estatal o municipal.

Entre los temas que quedaron pendiente de discusión sobre la ley de responsabilidades, fue la reestructuración de las sanciones económicas, ante la necesidad de precisar la forma en que determinará el monto de las mismas.

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