La iniciativa requiere que los legisladores informen sobre sus actividades y decisiones a través de informes públicos digitales, con el fin de mejorar la transparencia y la interacción con la ciudadanía
El martes 11 de junio de 2024, en la plenaria del Senado de la República, se aprobó el proyecto de ley estatutaria que obliga a los congresistas a informar, explicar y dar a conocer su gestión en el Legislativo a través de informes públicos accesibles digitalmente. Esta medida busca mejorar la transparencia y la interacción entre los representantes y la ciudadanía.
El proyecto establece que los congresistas deberán reportar todas sus actividades y decisiones en el Congreso, incluidas sus iniciativas y labores representativas. Catherine Juvinao, representante del partido Alianza Verde y coautora de la iniciativa, destacó que el proyecto constituye un avance en materia de transparencia y refuerza el concepto de “parlamento abierto”.
La congresista se mostró feliz en sus redes sociales y ante los medios de comunicación, por lo que declaró: “Es ley, acabamos de aprobar en último debate nuestro proyecto que obliga a todos los y las congresistas a rendir cuentas como Dios manda, con una metodología estandarizada completa, con diversos indicadores que van desde nuestros proyectos hasta nuestros controles políticos, pero también nuestros viajes”.
El texto del proyecto, denominado ley estatutaria No. 273 de 2024 Senado – 157 de 2023 Cámara, tiene como objetivo promover una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre el Congreso de la República y la ciudadanía. Establece mecanismos para informar, explicar y dar a conocer la gestión de los congresistas, y dicta otras disposiciones.
Los informes deberán incluir detalles sobre los proyectos de autoría de los congresistas, proposiciones y constancias presentadas en las comisiones y plenarias, debates de control político promovidos, audiencias y mesas técnicas convocadas, acciones adelantadas ante organismos del Estado y viajes internacionales realizados en calidad de congresistas.
Además, los congresistas deberán realizar espacios de diálogo público, ya sea de manera presencial o virtual, con el objetivo de socializar la gestión congresual.
“Es una iniciativa muy importante para la ciudadanía, no se trata de hacernos el trabajo imposible, se trata simplemente de cumplir con el mínimo respeto que merecen aquellos que nos pagan el salario y es que le contemos lo que hacemos. Muchas gracias. Esto es una ley, que ya se había aprobado en el Congreso pasado. La Corte la tumbó ahora felizmente podemos decir que este Congreso tiene otra vez y en firme una ley de rendición de cuentas”, dijo la representante en sus redes.
El proyecto de ley, cuyo título completo es “Por medio del cual se promueve una cultura de apertura de la información, transparencia y diálogo entre congresistas y ciudadanos, estableciendo mecanismo para la rendición de cuentas”, también es de la autoría de los congresistas Julio César Triana, Germán Blanco, David Luna, Angélica Lozano y David Racero.
Después de su aprobación en el Senado, el texto será conciliado con el proyecto aprobado en la Cámara y posteriormente revisado por la Corte Constitucional.
Detalles de la ley de rendición de cuentas
La nueva legislación establece una serie de procedimientos para garantizar la rendición de cuentas por parte de los congresistas. En primer lugar, se mantendrá el requisito de presentar un informe de gestión anual ante la Secretaría de la Cámara, como ya contempla la ley actual. Sin embargo, se introducirán algunos ajustes significativos:
- Presentación digital y accesible: El informe se entregará de manera digital y en un formato de datos abiertos, asegurando que sea accesible para todos los ciudadanos interesados.
- Plazos claros y estrictos: El informe deberá presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización de cada legislatura y será publicado por las respectivas secretarías en los siguientes cinco días hábiles.
- Diálogo público obligatorio: Además de la presentación del informe, los congresistas estarán obligados a convocar y organizar, dentro de los siguientes 30 días calendario a la fecha de publicación del informe, un espacio de diálogo público. Esto puede ser en forma de audiencias públicas, encuentros territoriales o mesas de trabajo, tanto presenciales como virtuales.
Fuente: INFOBAE