En el escenario de casos de corrupción que muestra la prensa cotidianamente, se evidencia cada vez más la necesidad de construir un entramado institucional y prácticas administrativas que atiendan el problema desde las causas. En particular, cuando atestiguamos que existen deficiencias en la integración de expedientes, lo cual incide negativamente en los resultados de los procesos por corrupción, tanto penales como administrativos. 

La discusión que ha dado la Comunidad PIRC-RRC, desde hace varios meses, se ha centrado en ese argumento. Para combatir la corrupción es necesario atender, resolver y, eventualmente, modificar el status quo de aquellas causas que alimentan el problema de la corrupción. Ese fue el elemento central de la propuesta de política nacional anticorrupción y del Libro Blanco de la Consulta sobre la Política Nacional Anticorrupción, ambos productos del trabajo de colegas e instituciones que participan en la Comunidad PIRC-RRC.

En ese sentido, también se ha hecho hincapié en que la política anticorrupción debe tener anclaje en una idea básica: los mecanismos de rendición de cuentas son los cimientos de otro tipo de estrategias de gran calado que permitirán abatir la corrupción. Para eso, conviene enfatizar que el primero de los eslabones de la cadena de la rendición de cuentas, la gestión archivística, sigue siendo asignatura pendiente pese a la vigencia de la Ley General de Archivos, desde hace tres meses. 

Para seguir construyendo los sistemas anticorrupción y manteniendo una perspectiva de combate a ese problema público, es fundamental que todos los actores involucrados reconozcan la importancia de la buena marcha de los archivos públicos cuanto antes y actúen en consecuencia: invirtiendo, capacitando y practicando la gestión archivística con las mejores prácticas disponibles.