Por: Ramón Aguilera
En sintonía con la preocupación de los movimientos de las organizaciones
de la sociedad y de los grupos académicos como #VamosPorMás por la falta
de compromisos de los intermediarios políticos (léase la “clase
política”) ante temas sustanciales para un país que aspira a una
democracia plena, donde los ciudadanos exigen cambios profundos en el
ejercicio de la gobernanza, como es el combate a la corrupción, no es
menos importante llamar la atención sobre otro pendiente que forma parte
de las piezas del engranaje que se ha querido construir para bien de
nuestro México.
En efecto, la inanición del Senado atenta también en contra del Sistema
Nacional de Archivos postulado en el artículo 73, fracción XXIX-T de la
Constitución Política mexicana. En muchos foros y artículos escritos en
diferentes medios se ha señalado la importancia de los documentos como
expresión natural de los actos del ser humano, especialmente de los
relacionados con la res publica. Estos soportes se constituyen en los
vehículos de información y los medios de probanza, es decir, prueba
instrumental de hechos, de omisiones, de negligencias o de corrupción
del servidor público. El riesgo es que por la falta de una Ley General
de Archivos se continúe con el caos y la deriva de los archivos que
están en manos de los sujetos obligados establecidos por la Reforma
Constitucional en materia de Transparencia a través de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En este contexto se pueden encontrar varios escenarios: que no existan
efectivamente documentos porque no se elaboraron; que se hayan perdido
por el desorden; que se hayan eliminado por descuido y negligencia; o
que deliberadamente hayan sido destruidos fuera de todo proceso
documentado y abierto. La ausencia de medidas de protección en la
conservación de los documentos con tiempos reglados llevarán
irremediablemente a carecer de pruebas y evidencias que sustancien los
casos relacionados con la corrupción.
Hoy en día la ciencia archivística ofrece soluciones viables a los
distintos temas que implica un Sistema de Gestión de Documentos (SGD).
Pero si este SGD no está arropado por una legislación moderna y
armonizada con los sistemas nacionales de transparencia y combate a la
corrupción se caerá en la disfuncionalidad, sin duda una situación que
abonará al fracaso en el combate efectivo a la corrupción sistemática
del Estado mexicano.
Sin archivos no habrá develación de la impudicia, el soborno, la
ineficiencia, la inmoralidad en el que se mueven muchos servidores
públicos y muchos actores de la iniciativa privada que son sus
cómplices, pensemos en casos como Odebrecht u OHL.
Sin archivos se pierde la memoria de las malas acciones de los
funcionarios del pasado inmediato. Tenemos memoria corta y el archivo
hace posible potenciar la memoria de largo plazo que nos recuerda lo
bueno y lo malo, las experiencias desagradables y los buenos resultados.
La rendición de cuentas sin archivos es una falacia. Por ello, no
podemos dejar de insistir ante los legisladores que tienen una
responsabilidad histórica frente a los ciudadanos para darnos las leyes
adecuadas para que se siga construyendo una democracia plena y abierta,
y ésta, sin memoria, sin documentos organizados, conservados y con
acceso directo será una tarea imposible.
/Director de la Escuela Mexicana de Archivos, institución socia de la
Red por la Rendición de Cuentas/
Fuente: El Universal
