A un año de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia que mandató la reforma constitucional en la materia, organizaciones sociales integrantes de la Red por la Rendición de Cuentas como Fundar, el Colectivo por la Transparencia y Artículo 19 aprovecharon la ocasión para hacer un balance, destacar los avances y resaltar los pendientes en la materia.
La Ley General de Transparencia es particularmente significativa, no solamente porque el proceso de elaboración contó con una importante participación de la academia y la sociedad civil organizada, sino porque también se elaboró en base a principios de Parlamento Abierto, un ejercicio que funciona de maravilla cuando existe el compromiso y la voluntad política y cuyo resultado derivó en establecer los mejores y más altos estándares de exigencia en transparencia y acceso a la información en el país.
Con esta ley, según el Centro para la Ley y la Democracia de Canadá, México ocupa el noveno lugar de 103 países en calidad normativa en materia de acceso a la información.
A pesar de esto, la ruta normativa aún no concluye, primero, porque faltan dos leyes generales que son fundamentales para concluir el diseño inicial: se trata de la Ley General de Protección de Datos personales -aún pendiente de aprobarse en la Cámara de diputados- y de la Ley General de Archivos la cual es pieza fundamental para garantizar la existencia de la información de interés público.
Actualmente ya existe un proyecto en el Senado, un proyecto que eliminó figuras aberrantes como la existencia de “archivos históricos confidenciales” y que le otorga al Archivo General de la Nación una naturaleza jurídica que le permitirá adquirir la autonomía necesaria para delinear la política archivística del país como miembro fundamental del Consejo Nacional de Archivos. Este proyecto aún no ha sido dictaminado ni discutido. Los archivos vuelven a quedar rezagados en las prioridades de la agenda pública. Ojalá y ambas leyes se aprueben a la brevedad manteniendo el espíritu de apertura y promoción de derechos fundamentales que delineó la reforma constitucional y la Ley General de Transparencia.
A nivel estatal, en los últimos 12 meses todas las entidades del país debían de homologar sus leyes para contar no con un piso sino con un techo normativo orientado a garantizar el acceso a la información de todas las personas, en todos los rincones del país.
Aunque con algunas prisas, la mayoría de los Estados cumplieron con el plazo marcado y solo cuatro: Guanajuato, Guerrero, Nuevo León y Veracruz no cumplieron con la armonización. En las siguientes semanas el INAI tendrá la tarea de verificar que todas las leyes cumplen con la norma y los órganos de transparencia en los estados tendrán la oportunidad de demostrar cómo ejercen su reforzada autonomía. Una vez agotada la ruta normativa, vendrán los retos de implementación, de capacidades técnicas, tecnológicas y humanas además de la necesaria difusión para que herramientas novedosas como la Plataforma Nacional de Transparencia recién inaugurada, se perfeccionen y satisfagan las diversas necesidades de información. Pero ese será sin duda, el siguiente capítulo.
