Cuando las explicaciones de las Auditorías Estatales acerca de las causas de su incumplimiento no son las correctas están lejos de sus soluciones.

Así sucedió en la Reunión de la Comisión de Vigilancia de la ASF con Auditorías Locales el pasado día 02 de diciembre, en donde coincidieron que el problema central para el cumplimiento de sus atribuciones era la falta de armonización normativa.

Ahora de nueva cuenta la Auditora Superior de Colima afirma “se requiere de voluntad para realizar las adecuaciones legales necesarias para poder instaurar mecanismos eficaces y poder detectar el mal manejo o uso indebido de los recursos públicos” por esto “lo cierto es, que hay disposiciones o falta de ellas, que pueden impedir que al momento de ejercer dichas atribuciones, no se pueda determinar la inexistencia de operaciones realizadas por los entes públicos y sus proveedores” (Fiscalización Superior y las operaciones inexistentes, Indira Isabel García Pérez, RRC, negritas del autor).

La cuestión de fondo es que los Auditores Estatales se deslindan, una y otra vez, de su incumplimiento al atribuir que las causas se originan por factores externos y no de la propia auditoría y fiscalización.

Por ejemplo, en el caso de la Auditora Superior de Colima afirma que ‘no se puede determinar la inexistencia de operaciones realizadas por los entes públicos y sus proveedores’. Lo cual es cierto si el enfoque se reduce como es su exposición al tema fiscal. Sin embargo un auditor determina la inexistencia de operaciones por entes públicos y sus proveedores, si verifica lo siguiente:

  • Entrada a Almacén. El cual es un documento oficial que acredita el ingreso material y real de un bien.
  • Requisición de compra. Documento que solicita la adquisición de bienes.
  • Póliza de egreso. Autorización del pago de bienes recibidos con el soporte de la entrada al almacén y la requisición respectiva.
  • Manual de Procedimientos. Documento que contiene instrucciones, responsabilidades y funciones del flujo de las operaciones y actividades.´
  • Declaraciones y certificaciones. De los servidores públicos involucrados.

 

Con estos elementos y los que se desprendieran de la propia auditoría se podría determinar la inexistencia de operaciones realizadas de entes públicos con sus proveedores. Y según el caso se pudieran acreditar delitos como: ejercicio ilícito de servicio público; coalición de servidores públicos; uso ilícito de atribuciones y facultades; tráfico de influencia; cohecho; y, peculado.

Auditores Estatales: La auditoría solamente existe si existe compromiso con la auditoría y fiscalización.

Mario A. Gómez