Apenas arrancaba el gobierno de la 4T, la política de austeridad se preparaba para ser el gallo de la veleta que generaría ahorros para atender lo prioritario, combatiera la desigualdad y, lo más importante, terminara con la corrupción en el país. No obstante, ya entrados en el segundo año de la actual administración y con una crisis sanitaria y económica –derivada de la pandemia por el COVID-19–, esta austeridad republicana no ha resultado del todo favorecedora, pues pone en riesgo el acceso y la garantía de los derechos humanos de la población.
Mediante un decreto presidencial publicado el pasado 23 de abril, se ordenó recortar el 75 por ciento del gasto corriente del presupuesto disponible de diversas partidas, cancelar subsecretarías, recortar salarios de altos funcionarios, extinguir fideicomisos públicos y redireccionar el gasto a los programas prioritarios de este gobierno. Aunque alguna de estas medidas no se han llevado a cabo, en las últimas semanas diversas dependencias han manifestado la falta de recursos para llevar a cabo sus labores en favor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), como las Áreas Protegidas Naturales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e incluso el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Aunque recortar el gasto y redireccionarlo hacia otras áreas tenía sentido al inicio de este sexenio, hoy la austeridad republicana pone en riesgo la garantía de nuestros derechos humanos. Existen alternativas menos costosas, y por eso, diversas organizaciones de la región latinoamericana impulsamos la adopción de los Principios y Directrices de Derechos Humanos en la Política Fiscal, una propuesta que vincula los estándares de derechos humanos con la manera en que se diseña e implementa nuestra política fiscal; es decir, la forma en que el Estado obtiene y gasta nuestros recursos.
Bajo un enfoque de derechos humanos, recortar el presupuesto sin antes haber considerado otras alternativas contraviene uno de los principios más importantes contemplado en diversos tratados internacionales de derechos humanos: la no regresividad. Lo anterior quiere decir que ni siquiera en contextos de crisis, la política fiscal debe generar retrocesos injustificados respecto de los niveles de protección alcanzados con relación a los DESCA. Así, por ejemplo, en lugar de recortar el presupuesto del sector ambiental o cultural, el gobierno mexicano debería proteger, mantener e incluso aumentar los esfuerzos en políticas sociales e inversión, en especial aquellas dirigidas a los miembros más vulnerables de la sociedad.
Si esta crisis se convierte en la más severa de nuestra historia, el Estado aún está a tiempo de tomar medidas para evitar que nuestros derechos humanos se vean afectados desproporcionalmente. Para ello, necesitamos un Estado que se plantee profundamente cómo obtener más recursos en lugar de recortar injustificadamente el gasto público. En definitiva, la austeridad republicana no puede continuar siendo la principal solución.
* Paulina Castaño Acosta es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
Fuente: Animal Político
