La reforma constitucional en materia político-electoral de aprobación y promulgación recientes, incluyó una importante modificación al marco institucional para la evaluación y el monitoreo de programas en México. La reforma cambia el estatus jurídico, la integración y las facultades del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con implicaciones relevantes para la función evaluativa en México y su vínculo con la rendición de cuentas y la mejora continua de los programas.

Esta modificación constitucional establece que el CONEVAL tendrá carácter de órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios; que mantendrá sus atribuciones en materia de medición de la pobreza y que tendrá a su cargo la evaluación de programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social. Igualmente, señala un nuevo modelo de integración del Consejo (un presidente y seis consejeros), así como atribuciones vagamente definidas para la coordinación con autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones.

El CONEVAL ha sido un pilar de la estructura de la rendición de cuentas en México, y ha promovido con éxito la adopción de un lenguaje de resultados, de derechos sociales y de transparencia en la política de desarrollo social del país, coincidieron los especialistas participantes en el “Foro de discusión de las implicaciones de la autonomía del Coneval”, organizado hoy por el CIDE, el Centro CLEAR para América Latina, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Red por la Rendición de Cuentas, la Red de Profesionales y Expertos en Gestión para Resultados en el Desarrollo de México, México Evalúa, GESOC, CEIP, CIDAC y Fundación IDEA, entre otras organizaciones sociales y académicas.

La próxima creación de leyes secundarias que establecerán cómo habrán de suceder los cambios que plantea la modificación constitucional del CONEVAL, motivan la necesidad de fomentar un debate en la esfera pública que coadyuve al establecimiento de leyes y reglamentos que fortalezcan el funcionamiento de esta importante institución.

Guillermo Cejudo, secretario académico del CIDE y especialista en la evaluación de políticas públicas afirmó en su participación en este foro que “es necesario reconocer la capacidad de construcción de instituciones en nuestro país. Somos referencia en construcción de políticas de transparencia y rendición de cuentas, afirmó Cejudo. También “somos una historia de éxito en el sistema de evaluación”. Y si bien hay un déficit en las políticas de evaluación en los estados, dijo Cejudo, “tenemos la semilla de un sistema sólido de evaluación en el actual  CONEVAL. En el escenario de la actual reforma y en espera de las leyes secundarias que detallen el nuevo carácter del nuevo órgano autónomo de evaluaciónn, “estamos frente a la oportunidad de la construcción de un sistema de evaluación verdaderamente sólido que se transforme en un soporte para un sistema nacional de rendición de cuentas.”

La autonomía de CONEVAL quedó como un punto ciego en la reforma política, no fue un asunto suficientemente argumentado, sostiene Guillermo Cejudo. Se hizo la reforma con base en una idea, no basado en una política pública. Pero ya está aquí, y nuestra responsabilidad es pensar cómo la mejoramos, continuó, y planteó 6 puntos centrales para la discusión sobre el nuevo Consejo que dirigirá al CONEVAL.

  1. Hay que remarcar el nuevo carácter autónomo de CONEVAL, será una nueva institución con nuevas responsabilidades, instrumentos y relación con otros actores. Y por ello, deberá responder a una pregunta fundamental ¿Cómo se coordinará ahora con las otras autoridades evaluatorias?
  2. Su función seguirá siendo dual, deberá continuar con su tarea de medición de la pobreza y evaluación de la política social…
  3. Ahora el mandato de CONEVAL se amplía, pues es de suponer que este nuevo órgano evalúe el programa nacional de política social que parece perfilarse..
  4. La integración del consejo de CONEVAL se transforma en un consejo con un presidente, establece un cambio de dinámica institucional muy importante. El perfil de los consejeros debe continuar con la base actual, en que los consejeros son académicos; habrá que cuidar que ahora cumplan con criterios académicos, no obstante pueden tener una formación distinta… el riesgo es que por alcanzar la autonomía se pierda la independencia intelectual y capacidad técnica.
  5. Es un error de cálculo político que los nombramientos ocurrirán antes que esté la ley secundaria.
  6. El nuevo marco normativo que se plantea para acompañar al nuevo órgano autónomo obliga a que las leyes que soportan la evaluación deben ser actualizadas también.

Por su parte, Rodolfo de la Torre, coordinador General de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, recordó que el comité técnico para la evaluación de la pobreza que se creó en 2001, antecedente directo del CONEVAL, fue conformado por un grupo de académicos y si bien tuvo muchos problemas para su operación, dejó como experiencia la evidencia que se requería mucha mayor solidez en su diseño y estructura para darle sustento a una institución con esta misión. Así comenzó a perfilarse el CONEVAL, afirmó de la Torre. Se hablaba entonces, en 2003, de un IFE social.

Coincidiendo con Cejudo, de la Torre enfatizó la necesidad de garantizar la condición de independencia de los comisionados, y de preservar un perfil más bien académico en la conformación del Consejo. De perderse este perfil, dijo, estaría en riesgo la formación misma de la institución que se busca fundar. Lo ideal es, entonces, concluyó, que se preserven las reglas para la elección de los comisionados. Se necesita algo especializado, con reglas de selección académica que ya existe en el CONEVAL actual.

Marco Fernández, de México Evalúa hizo hincapié en que “al presentarse perfiles ambiguos o vagos para la selección de consejeros, se puede abrir la puerta a un sesgo partidista en su conformación”; habrá que cuidar que esto no suceda, e insistir en el perfil académico.

No están claros los mecanismos de coordinación de las autoridades que evalúan las políticas sociales en la actualidad. Este es un punto crucial en la formación de la nueva institución, sostuvo Fernández, y lanzó una pregunta importante  la mesa… ¿Serán tomados en cuenta los dictámenes de la nueva autoridad para la asignación presupuestal?

Por último, Alejandro González, de Gesoc planteó tres grandes temas en torno  a la categoría de “autonomía” del nuevo CONEVAL:

Pareciera, dijo, que la reforma nació buscando el problema público que intenta resolver, es decir, dijo,  hay una falta argumentativa fundamental en la reforma. Asimismo, los criterios de evaluación con que parece operará el nuevo  CONEVAL son muy semejantes a los ya existentes, y no criteios de evaluación políticos, sino estrictamente técnicos… Lo que se debe buscar es “mejorar la calidad decisional en términos presupuestarios”.

La evaluación no es un fin en sí misma, continuó Alejandro González. ¿Para qué queremos una política de evaluación en México. Y abundó en tres puntos más para la discusión.

Coneval tenía una doble función, dijo González: evaluación sumativa, generar datos concretos sobre la magnitud de la pobreza, y evaluación formativa, cómo generar evidencia para mejorar la asignación presupuestaria y optimizar la toma de decisiones. A raíz de la reforma, se plantea fundamental conocer el contenido de las leyes secundarias y lo que tienen que decir para que la capacidad de evaluación formativa no se pierda.

Aún en el contexto de autonomía, concluyó, en la selección de quienes presidan el nuevo Consejo del CONEVAL se debe priorizar el perfil académico.

Tal vez lo más relevante para los días que vienen, coincidieron los panelistas en el foro, es establecer primero los criterios y después los nombramientos. En la transición actual y frente a la inminencia de la salida de los actuales consejeros, tal vez se debería “nombrar de acuerdo con la ley actual”; “apliquemos el reloj legislativo”, finalizó González.

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