¿Quiénes serían las víctimas de corrupción si debido a un acto de colusión se desviaran 622 millones de pesos del sector salud que hubieran servido para la compra de 727 ambulancias, 2,168 incubadoras o la construcción de 5 clínicas con 10 consultorios médicos cada una? 1Todas y todos los usuarios de servicios de salud pública, pero sobre todo quienes solo pueden recurrir a estos servicios sin que tengan otras opciones de atención. Parecería obvio que aquí existe un vínculo muy claro entre las afectaciones a los derechos humanos -como la salud- y la corrupción, pero no siempre es tan simple establecer esta relación.
Pasaron varios años desde que se empezó a estudiar la corrupción para vincular el enfoque de este fenómeno con los derechos humanos e identificar sus efectos. Sin embargo, recientemente se han hecho esfuerzos desde un enfoque regional y nacional. Un ejemplo de ello es el primer informe temático sobre la relación entre corrupción y derechos humanos realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado el pasado 31 de diciembre.
El informe contiene un diagnóstico del impacto de la corrupción en los derechos humanos de la región y, estándares interamericanos para combatirla. Puntualiza cómo la corrupción puede acentuar la desigualdad y romper el tejido social afectando de manera desproporcionada a personas y grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica. Pero además propone la construcción de un andamiaje institucional que sea lo suficientemente robusto para que limite la captura de las instituciones que desvirtúa el interés público para convertirlo en privado.
Este avance representa una oportunidad para que se visibilicen las consecuencias letales de la corrupción, se identifiquen víctimas directas e indirectas, se analicen cuáles fueron las violaciones a los derechos humanos, se reparen los daños de esas violaciones y se ofrezcan garantías de no repetición. Lo anterior, representa un nuevo paradigma para el estudio de la corrupción, pues propone que las autoridades dejen de centrarse únicamente en reformas normativas y enfoques punitivos.
En México nueve de cada diez mexicanos considera que la corrupción sigue siendo un problema para el país. 2El 68.4 % de la población cree que los jueces son corruptos seguidos del Ministerio Público y Procuradurías estatales con un 62.3%.3 Y es que la corrupción impacta de manera profunda en nuestro territorio debido a la desigualdad, la crisis de impunidad, violencia y graves violaciones a los derechos humanos. Esto se ve plenamente reflejado, en el deterioro de la libertad de expresión (derecho clave para destapar casos de corrupción) ya que según Amnistía Internacional durante el primer año del nuevo gobierno 23 personas defensoras y 15 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados.
Por ello, desde nuestro país también se han realizado esfuerzos para combatir la corrupción con un enfoque de derechos humanos. Así, el año pasado un cúmulo de organizaciones de la sociedad civil establecimos una serie de principios para combatir la corrupción desde una perspectiva de derechos humanos estos principios van desde poner a las víctimas de la corrupción en el centro, hasta promover diálogos entre la agenda de derechos humanos y la agenda anticorrupción.
Enfrentar verdaderamente la corrupción implica visibilizar el impacto que tiene en el disfrute de los derechos humanos de las personas, con el fin de aumentar el apoyo público a iniciativas anticorrupción, al tiempo que se reduzca la cultura de la tolerancia a la corrupción. Ya que el mal es sistémico, el fortalecimiento de alianzas estratégicas entre instituciones regionales y nacionales significará un sinfín de oportunidades para generar soluciones a mediano y largo plazo.
Por: Anaid García Tobón es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
Fuente: Animal Político
