Para que las propuestas de campaña sean valoradas con un método más o menos aceptable, la Fundación Ethos y Lupa Ciudadana invitaron a grupos de entre 5 a 7 especialistas a calificar las plataformas de cada aspirante a la Presidencia de la República.
Fue así que se integraron grupos virtuales en torno a la educación, salud, medio ambiente, derechos humanos, ciencia, cultura, desarrollo económico, desarrollo social, política exterior, entre otros temas.
Precisamente día de ayer se dieron a conocer los resultados de la evaluación de las propuestas en materia de combate a la corrupción, donde tuve el honor de ser considerado a participar junto a grandes estudiosos del fenómeno. Miguel Carbonell, Pedro Salazar, Sergio Rivera, Ernesto Gómez y un servidor evaluamos propuestas sin nombre de autoría para evitar sesgos o preferencias personales.
La metodología consistió en contrastar si cada propuesta cuenta con los mínimos que debe contener una política pública; es decir, si es pertinente, si tiene un objetivo concreto, metas claras, si es factible tanto jurídica y normativamente como política, presupuestal e institucionalmente.
También evaluamos si son respetuosas a los derechos humanos, a la igualdad de género y al medio ambiente; así como si impulsa la calidad de vida de los ciudadanos, promueve su participación y corresponsabilidad y cuenta con mecanismos de evaluación y rendición de cuentas.
LOS RESULTADOS
El resultado promedio, en una escala del 1 al 10, dio a la propuesta de Enrique Peña Nieto la mejor calificación con 5.8 puntos, casi empatado por Andrés Manuel López Obrador, con 5.6 en la misma escala.
El priista propuso reformas más o menos generales al marco normativo en torno a la administración pública y el acceso a la información, además de prometer una nueva ley de responsabilidades de servidores públicos, sin profundizar en por qué y para qué. Por su lado, el del Movimiento Progresista, López Obrador, fue más concreto y orientado a las sanciones al hablar de penalizar el conflicto de intereses y el tráfico de influencias, así como el establecimiento de contralorías ciudadanas.
Un poco más atrás se encuentra la propuesta de Josefina Vázquez Mota, con una calificación de 4.7 y de Gabriel Quadri, con 4.1.
La panista se centró más bien en una agenda de seguridad y combate al lavado de dinero, combate al comercio informal y la piratería, mostrando una visión limitada del fenómeno. La propuesta de Quadri, el candidato del Panal, es de dos líneas y enuncia que hay que fortalecer los valores cívicos y crear una ciudadanía respetuosa de la legalidad. Como si se pudiera hacer por decreto.
¿CONVINCENTES?
Las calificaciones que en lo particular otorgué fueron 6.5 a la propuesta de López Obrador, 6 a la de Peña Nieto, 4.8 a la de Josefina Vázquez y 1.9 a la de Quadri.
A mi parecer ninguna propuesta fue realmente convincente. Todas carecieron de una visión integral del fenómeno y evidencian que no tienen claridad en el rumbo a seguir en caso de ser electos.
Ninguno se comprometió a hacer pública su declaración patrimonial o a promover la obligación de hacerlo para los funcionarios a su cargo. Tampoco hablaron de establecer organismos anticorrupción en cualquier modalidad.
Solamente uno abordó el problema del conflicto de intereses y otro más habló de cárcel a los funcionarios corruptos. Sin embargo, nadie estableció una posición clara en torno a las comisiones por otorgamiento de contratos públicos, las licitaciones públicas y otros problemas.
Siendo la corrupción el principal cáncer que carcome a nuestro País, esperaba propuestas vanguardistas, más desarrolladas en las formas y algunos mecanismos para llevarlas a cabo.
Ninguna generó emoción o un mínimo de esperanza de que haya alguien que efectivamente tiene una propuesta de campaña más o menos parecida a una política pública exitosa.
EN LA LUPA: TRANSPARENCIA ILEGAL
El presidente del Instituto de Transparencia Informativa, Ricardo Hurtado, fue reelecto en su cargo a pesar de no estar permitido por la ley. Así, el representante legal del órgano garante del acceso a la información, no es legal. Además de que los tres vocales están vencidos desde 2008, 2010 y 2012.
Esto es solamente una muestra de por qué deben apresurarse los legisladores, dejar de lado las cuotas partidistas y hacer cuanto antes los nombramientos de los nuevos vocales.
¡Esperemos!
Guillermo Noriega Esparza. Internacionalista, UNAM y director de Sonora Ciudadana A.C.
Correo: noriega@sonoraciudadana.org.mx
Twitter: @elmemonoriega