Por Jorge Machuca Luna*

A raíz del fallecimiento del jurista campechano Jorge Carpizo McGregor, mucho se ha hablado de su papel como rector de la UNAM, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y de su paso por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación.

En menor grado se ha comentado que parte de su vasto legado intelectual tuvo una vertiente en materia de transparencia y acceso a la información pública; ejemplo de ello es un trabajo hecho al alimón con el prestigiado especialista Ernesto Villanueva, varios años antes de la aparición en el país de las primeras leyes de transparencia, que en el siglo XXI son parte de las herramientas coadyuvantes a la construcción democrática y al ejercicio cotidiano y elemental del derecho a saber.

En un documento asequible en la Biblioteca de la UNAM, Carpizo argumentaba jurídicamente respecto al papel nodal que juega hasta nuestros días el artículo sexto constitucional como herramienta para que el ciudadano se haga de la información que le permita ejercer su derecho a la libertar de expresión; lanzó una definición que a la postre es piedra angular en el mundo del derecho a la información.

Éste, refirió, “se integra tanto con garantías individuales como sociales; se le puede contemplar como un amplio círculo que, a su vez, engloba los círculos de las libertades de pensamiento, expresión e imprenta (…) es un derecho de vía doble en tanto incluye la protección del sujeto activo –el informador- así como la del sujeto pasivo, que es quien recibe la información, ya sea de manera individual o colectiva”.

Con la experiencia de haber encabezado a la universidad más importante del país, la UNAM, Carpizo pugnó por la transparencia en la universidad pública, como se puede leer dando click aquí, donde explicó la necesidad no sólo de transparentar el quehacer académico, sino de predicar con el ejemplo: “las universidades públicas son parte esencial de la conciencia crítica del país; en consecuencia, tienen que ser paradigma de transparencia”, y para ello sugirió entre otras cosas la creación de Comités de Información dentro de las universidades que fueran independientes de la burocracia central para garantizar imparcialidad y verdadero respecto del ejercicio del derecho a saber dentro la de comunidad universitaria.

Sin embargo, como lo relató en la revista Proceso Ernesto Villanueva hace casi un mes, Carpizo había demandado a la prestigiada periodista Anabel Hernández –una de las que mejor usa las solicitudes de información para reportear- quien escribió en su libro “Los señores del narco” que el finado exprocurador de la República se quedó en 1993 con 400 mil dólares del millón de billetes verdes que se ofreció como recompensa tras la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

En defensa de Carpizo, Villanueva refirió que la periodista no revisó “el boletín 269/93 de la PGR, del 1 de julio de 1993, titulado Pagos de Recompensa ofrecida por la captura de Joaquín Guzmán Loera, en el cual se detalla el destino de todos los recursos erogados” en esa época; además recordó que la denuncia contra Anabel Hernández se sustentó en documentos que están en la biblioteca de la PGR y con los que Carpizo buscó limpiar su nombre. Habrá que ver ahora que ha fallecido el quejoso qué pasará con la querella y con la rectificación exigida por el otrora académico. Al tiempo.

*Representante de México Infórmate en Puebla
jmachucaluna@mexicoinformate.org
Twitter: @JorgeMachucaL