A 100 días de haber arrancado su Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto ha dado indicios de los ejes que rigen la ruta de su administración. Entre populismo y modernidad, las medidas tomadas hasta ahora se han visto favorecidas por un contexto político singular que le han generado buenos índices de aprobación. Con una izquierda fragmentada y un panismo derrotado, el Presidente Peña Nieto firmó un Pacto político con los dos principales partidos de oposición en el Congreso, estableciendo así una agenda política de reformas. En este tenor, Peña Nieto se ha reunido con gobernadores y líderes de oposición y ha mantenido una buena relación con el Congreso lo cual le ha permitido impulsar modificaciones al diseño de la actual Administración, ha logrado sentar las bases para una reforma educativa (con la aprobación en las entidades federativas), ha modificado el enfoque sobre la lucha en contra del crimen organizado (al igual que la estrategia de comunicación al respecto), ha colocado en la agenda la reforma en telecomunicaciones, ha perfilado un nuevo liderazgo de México en materia de relaciones exteriores y ha retomado el control y la dirección vertical de su partido (no en balde esta semana se aprobó en la Cámara de diputados el dictamen para eliminar el fuero de servidores públicos excluyendo la figura presidencial).
En este periodo, Peña Nieto ha tomado medidas aplaudidas por los medios, que sin duda generan simpatías entre cierto sector de la ciudadanía, pero que en realidad implican pocos cambios para solucionar problemáticas de fondo. Es el caso de la promulgación de la Ley General de Víctimas (la cual tiene pocos efectos para la resolución de problemas), la captura de Elba Esther Gordillo, el anuncio de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el Programa de Austeridad en el gobierno federal, la ampliación del programa 70 y más y la iniciativa sobre la creación de una Comisión Anticorrupción que actualmente se discute en el Congreso.
Aunque han existido avances en la aprobación de la reforma constitucional que fortalece al IFAI y se ha anunciado –todavía sin concretarse- la promulgación de una ley de responsabilidad hacendaria para Estados y Municipios; el combate a la corrupción, que había sido anunciado el día de la elección y reiterado en la toma de posesión, como uno de los ejes de gobierno comienza a evaporarse dentro de las prioridades de la actual Administración. La falta de una estrategia general de combate a la corrupción y la escasa importancia que se le ha dado al tema a 100 días de gobierno, pone en entredicho la intención del Presidente de “transformar y no solamente administrar al país” a la vez que brinda una alerta a organizaciones, instituciones y medios de comunicación con sentido crítico que insisten en la necesidad de atacar de manera efectiva la impunidad que prevalece en el país.