Heraldo Muñoz* /  La “ciudadanía política” es el mecanismo esencial por medio del cual los ciudadanos acceden e incrementan su cobertura de derechos civiles, sociales y políticos. Participar políticamente es por ello esencial. En este estudio se revisa el estado de la ciudadanía política en la región analizando los factores anexos a la participación.

Siguiendo la línea de los trabajos anteriores elaborados por el PNUD, aquí se entiende la ciudadanía como el camino hacia la consolidación de una de- mocracia plena mediante la ampliación de sus dimensiones social, política y civil. La hipótesis que guía todo el trabajo y que de forma constante se está testeando es (habiendo asumido la necesaria previa incorporación y recono- cimiento de los derechos civiles), si efectivamente el ejercicio de los derechos políticos es el camino previo imprescindible para avanzar hacia mayores niveles de satisfacción en materia de derechos sociales e incorporación de dere- chos civiles.

La democracia está ampliamente legitimada por la ciudadanía latinoame- ricana; los niveles de satisfacción con la democracia son en general positivos, así como los porcentajes de participación electoral son estables. Sin embargo, estos buenos resultados conviven con persistentes niveles de desconfianza en las instituciones básicas de la democracia: los partidos políticos.

La presencia de vínculos programáticos en un sistema de partidos contribu- ye a traducir las preferencias de los votantes en resultados de política pública. En la región son muy pocos los casos en que existen niveles comparativamente altos de vinculación programática entre partidos y votante. Esto deja en evi- dencia las dificultades para que la ciudadanía opte por vínculos programáticos ante otros de tipo más personalista o clientelar.

La desigualdad sigue siendo el gran escollo a superar, con unos resabios que afectan aún el modo en que la gente participa políticamente. Del análisis sobre cómo los efectos de la desigualdad socioestructural inciden en la manera en que los ciudadanos participan políticamente, se constata que por grupos socioeconómicos existe una menor disposición a ejercer el derecho al voto por parte de la ciudadanía. Entre los principales aportes de este estudio se identifica el que, luego de hacer una revisión de los valores, opiniones, tipos y niveles de participación política que los ciudadanos ejercen y expresan, se presentan los resultados de un Índice de Desigualdad de Ejercicio del Derecho a Elegir (IDEDE) que permite sacar conclusiones en perspectiva regional com- parada. Se observa que, según el país, son los ciudadanos autoidentificados étnicamente o aquellos con menor nivel de estudios quienes están haciendo un llamado de atención para que las instituciones pongan en práctica nuevos y más eficientes mecanismos para generar agencia política. No obstante, son los jóvenes quienes en todos los casos demuestran altos niveles de desafección respecto de la participación electoral. Este sector interesa especialmente porque son los líderes y protagonistas de las próximas décadas. Es imprescindible que se pongan en práctica políticas de cohesión intergeneracional, con el objeto de propiciar un diálogo en torno a las demandas actuales y su resolución.

Como una de las conclusiones positivas del presente estudio se desprende que América Latina y cada uno de sus países muestran un importante progreso en materia de ciudadanía social. El Índice de Ciudadanía Social (ICS), ela- borado con motivo del estudio inmediatamente anterior, es actualizado para los dos últimos años, lo que permite afirmar que la primera década del siglo XXI puede catalogarse como una década ganada para la ciudadanía social en la región.

Las conclusiones generales del trabajo apuntan a que, no obstante los avan- ces alcanzados en las democracias en la región y su consolidación durante las últimas tres décadas, persisten desigualdades en el ejercicio de derechos políticos, como el derecho a votar y a ser electo. La calidad de la democracia depende en gran medida de que existan partidos políticos programáticos, y estos son la excepción, y no la regla, en América Latina. De igual modo es ne- cesario garantizar la expresión (voice) y participación en los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas, para asegurar un acceso universal a los bienes públicos.

Se observa que la protesta y movilización política es principalmente bandera de sectores jóvenes, así como de los ciudadanos autoidentificados como indígenas, aunque con variaciones entre países. Estos mecanismos de expresión se interpretan positivamente y como complementarios a las formas de participa- ción más institucionalizada. Su eficacia parece depender del grado de volun- tad política de las elites nacionales para escuchar e implementar las reformas necesarias que estarían haciendo eco de las demandas de estos sectores.

Se concluye también que, aunque los niveles de confianza en las instituciones políticas son bajos, la percepción crítica de los ciudadanos es consecuencia de procesos de profundización democrática y expansión de la ciudadanía política, entendiendo que los procesos de ampliación del ejercicio de la ciudadanía implican, en muchos casos, repertorios de acción extrainstitucionales que pueden contribuir a la expansión y consolidación de una ciudadanía democrática.

En toda América Latina y el Caribe, el Programa de Naciones Unidas para  el Desarrollo (PNUD) trabaja con los gobiernos y con organizaciones de la  sociedad civil y el sector privado para  contribuir a impulsar y sostener el crecimiento que mejora la vida de todos.

El objetivo del PNUD es ayudar a los  países de la región a elaborar y compartir soluciones para reducir la pobreza y la desigualdad, alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los planos nacionales y locales –ayudar a superar las desigualdades históricas dentro de los  países–, luchar contra el VIH/SIDA, mejorar y consolidar la gobernabilidad democrática, la seguridad ciudadana en la región,  impulsar la cooperación Sur-Sur, la prevención y recuperación de crisis y mejorar la energía y sostenibilidad. En  todas sus actividades, el PNUD alienta la protección de los derechos humanos, el desarrollo de capacidades y el empoderamiento de las mujeres.

Esta publicación se enmarca dentro del objetivo de generar conocimiento en pos de la mejora y consolidación de la gobernabilidad democrática. Hacia una Democracia de Ciudadanas y  Ciudadanos (2004) abre el debate sobre la mejor forma de avanzar en el camino hacia democracias plenas en la región, donde todas y todos puedan disfrutar y ejercer  los derechos vinculados a su ciudadanía en términos sociales, civiles y políticos, a partir del siguiente eje: ¿cómo consolidar lo avanzado, en términos de instauración generalizada del régimen democrático, y a la vez vencer la exclusión y la pobreza?

* Subsecretario general de la ONU y director regional para América Latina y el Caribe del PNUD.12 ciudadanía política

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