En un análisis reciente publicado bajo el sello de la OCDE y coordinado por Robert Klitgaard se analizan diversos modelos y políticas de combate a la corrupción a nivel mundial. La corrupción es vista como uno de los desafíos más significativos para el desarrollo de los países ante lo cual se requieren mejorar proyectos y programas tanto de los gobiernos como de las instituciones de cooperación internacional.

A partir de la premisa ya conocida de que no existen recetas universales para el combate a la corrupción, Klitgaard reconoce al menos tres estrategias clave que han logrado buenos resultados. En primer lugar, se trata del enfoque sistémico de la corrupción. En este sentido, las políticas públicas deben estar orientadas a reducir el monopolio del acceso a bienes y servicios públicos aumentando la competitividad, limitando la discrecionalidad de las decisiones a través de procesos claros, transparentes y accesibles e incrementando los mecanismos de rendición de cuentas. Dado que las interpretaciones sobre rendición de cuentas son variadas, los cambios más notables han sido los que combinan mecanismos institucionales como la fiscalización o la garantía del derecho de acceso a la información, con mecanismos de vigilancia social provenientes de comités de expertos, periodistas y organizaciones sociales.

En segundo lugar, los cambios deben de estar orientados a modificar la cultura institucional. Cuando la norma es corrupción, las expectativas de cambio son muy limitadas. Para ello se recomienda castigar casos de corrupción bajo el parámetro de ponerle un alto a la impunidad y no bajo un parámetro de excepciones o de venganzas políticas. Esto puede ir acompañado de “recoger la fruta que está a la mano”, es decir, iniciar con casos sencillos y concretos que permitan generar el acompañamiento y la credibilidad que requieren nuevas instituciones o grandes reformas sistémicas. Un punto importante en este proceso ha sido la integración de nuevos cuadros a esta tarea. La imagen de la “sangre nueva” ayuda a los procesos de cambio institucional. Esto puede ser desde personas que no provienen de la clase política convencional hasta otras que cuentan con una trayectoria reconocida y que tal vez no se encuentran actualmente en la escena pública. Pero sin duda, el prestigio de quienes encabezan nuevas instituciones debe ir sobre las fidelidades partidistas para ganar credibilidad. En tercer y último lugar, se requiere movilizar y coordinar recursos. En este sentido la coordinación de varias instituciones, y no de una sola instancia, es necesario para combatir la corrupción sistémica. Dicha coordinación debe contar con un buen liderazgo que permita potenciar el esfuerzo y las dinámicas de diversos actores institucionales. También un buen sistema de incentivos que permitan medir el desempeño y promover las carreras de los servidores públicos es necesario para involucrarlos en el proceso desde la base. En todo este proceso, la comunidad empresarial y la ciudadanía en general deben de ser también parte de la solución. La acción colectiva sólo se puede lograr si en la agenda de cambios se tiene presente al ciudadano el cual puede participar a través de diversos medios como las nuevas tecnologías, los comités de acompañamiento y los mecanismos de denuncia y vigilancia.

Algunos de estos cambios ya están evocados en el Sistema Nacional Anticorrupción. Ojalá y exista la voluntad política que se requiere para desarrollarlos.