La integración de la Política Nacional Anticorrupción implica que en un solo documento, cada integrante del Sistema cuente con líneas de acción lo suficientemente claras, para tener la certeza de qué debe hacer para contribuir a la lucha en contra de la corrupción. Esto no es tarea sencilla. A más de tres años de creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), no se ha logrado contar con la versión definitiva de la Política Nacional en esta materia. Durante el pasado mes de abril, el Comité de Participación Ciudadana del SNA presentó al Comité Coordinador una propuesta, misma que la semana pasada aprobó por unanimidad la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva.

Si bien, es una buena noticia que se empiece a perfilar un documento que pueda definir las estrategias de combate a la corrupción a nivel nacional, las instancias encargadas de aprobar la versión final de la Política deben cuidar al máximo que cuente con un problema claro a combatir. De otro modo, se corre el riesgo de solo atender algunas de las consecuencias de la corrupción y no ir a la raíz del problema. Es urgente acabar con la simulación si se quiere atacar de fondo el fenómeno de la corrupción.

La propuesta presentada habla de la corrupción como un problema de “falta de capacidades para controlar la corrupción, entendida como un orden social parcial y personalista” (CPC, 2019). Esta visión,  diluye el centro del problema, pues pareciera entonces que las soluciones deberían estar centradas en dotar de capacidades a las instancias involucradas y así, poder dar resultados; sin embargo, este problema que se plantea es solo una arista del complejo fenómeno de la corrupción.

La propuesta que desde la Red por la Rendición de Cuentas se ha impulsado y se presentó ante las instancias del SNA, define el fenómeno de la corrupción como un problema de captura del Estado que se traduce en la captura de puestos, presupuestos, decisiones y justicia. (Consulte aquí la propuesta completa)

Entenderlo de esa forma, engloba no solo la falta de capacidades y, de esa manera, se pueden establecer estrategias que permitan fortalecer la autonomía e independencia de quienes tienen a su cargo la lucha anticorrupción, así como eliminar espacios de discrecionalidad y diseñar mecanismos de vigilancia ciudadana. Todo bajo un eje rector que permita medir resultados en el combate a la corrupción.

Es urgente aprobar una política que defina acciones y responsabilidades de manera clara y sencilla. No se debe olvidar que el alcance de esta política es nacional, por lo que debe considerar la diversidad de contextos que se enfrentan en todas las entidades de la República Mexicana.  
Liliana Veloz Márquez
Directora Ejecutiva
Red por la Rendición de Cuentas