El viernes pasado, la Comisión Nacional de Desarrollo Social tomó la decisión de aprobar un acuerdo que prorroga el periodo de los nombramientos de los investigadores académicos que integran el Comité Directivo y la Comisión Ejecutiva del CONEVAL. Con esto, los actuales consejeros que hubieran concluido sus trabajos el día de hoy, permanecerán en sus funciones hasta nuevo aviso. Esta es una buena decisión en medio de la incertidumbre que genera la inesperada autonomía constitucional, que con la reforma política, fue otorgada a la institución encargada de medir la pobreza y dar cuenta de la situación de la política social en México.
Lo primero que preocupa sobre la autonomía constitucional del CONEVAL es la falta de diagnóstico previo, de análisis, de planeación o de argumentación sobre sus alcances y fundamentos. La institución que hasta ahora había logrado reconocimiento por su calidad técnica y liderazgo en la estandarización de las formas de evaluación cambia de naturaleza de un plumazo, en un escenario que pone en riesgo de retroceso y de parálisis su desempeño.
En un foro realizado recientemente (http://rendiciondecuentas.org.mx/autonomia-del-coneval-que-implica/) especialistas destacaron al menos cinco puntos que pueden ser una alerta sobre el destino del nuevo órgano autónomo. En primer lugar, se trata de la selección de Consejeros. Tanto la forma de nombramiento (que ahora depende de la Cámara de diputados) como las características del nuevo Consejo fueron modificados. El Consejo se amplía de 6 a 7 con un consejero presidente incluido y de estar conformado por investigadores SNI con cátedras en Universidades del padrón CONACYT y con desempeño de tiempo parcial, se pasa a una burocracia de tiempo completo, integrada por “ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional”, que tengan experiencia mínima de diez años en materia de desarrollo social, y que no pertenezcan a algún partido político o hayan sido candidato a ocupar un cargo de elección popular. Además de que los costos del CONEVAL se incrementarán bajo este esquema, la independencia de los integrantes del Consejo y sus capacidades técnicas podría quedar comprometida. En segundo lugar inquieta cómo la nueva institución, en su carácter de autónomo, se articulará con el Ejecutivo, el Congreso, los estados, los municipios, la SHCP y la SFP. En tercer lugar, preocupa la ampliación del mandato que le da la reforma constitucional, esto es, la facultad de emitir recomendaciones. Hasta ahora no se especifica si las mismas serán puntuales, generales o vinculantes. En cuarto lugar, preocupa cómo se conciliará lo plasmado en la reforma con el mandato que establece que cada estado deberá tener una instancia técnica dedicada a la evaluación. Esto en un contexto en el cual la evaluación en los estados es bastante asimétrica y deficiente. Finalmente, genera consternación cómo se evitará el frecuente problema del sistema político mexicano en materia de rendición de cuentas, esto es, la fragmentación de esfuerzos. Para que la política de evaluación en materia social sea eficiente y cumpla con sus objetivos requiere de un diseño en el que se sumen, al menos, los esfuerzos plasmados en la Ley General de Desarrollo y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Todos estos puntos merecen de un debate y un diseño cuidadoso. Recientemente, la OCDE publicó el estudio How is Life? 213 (“¿Cómo está la vida, 2013”?) en el cual se documenta que México es el segundo país miembro más desigual y el que menos ingreso familiar tiene. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/how-s-life-2013_9789264201392-en#page1 . Legislar con prisas y sobre las rodillas es lo peor que le podría pasarle a la política social mexicana. (Ver documento completo aquí)