El Congreso del Estado es el encargado de hacer leyes, pero este año también las rompe: pese a haber emitido recientemente una nueva Ley de Transparencia, incurre en vacíos de información financiera que la misma ley lo obliga a publicar.
Un jalisciense cualquiera, por ejemplo, no puede conocer sobre la gestión de los recursos públicos que el Legislativo ha hecho con nóminas, deudas, cuentas, cheques, licitaciones, donaciones y más: esta información está incompleta o desaparecida.
El artículo 8 de la ley, por ejemplo, ordena al Congreso en su fracción V que desglose la información financiera, patrimonial y administrativa durante los últimos tres años, pero el Legislativo sólo cumple con dos temas: el padrón de proveedores y los estados financieros mensuales.
Los diputados adecuaron la ley, pero no se ajustan a ella. En el nuevo marco normativo, publicado en agosto, se redujo el periodo por el que debe estar documentada la información financiera: ya no hace falta desglosar manejo de dinero de los últimos seis años, sino sólo de tres. El Congreso de Jalisco no cumple ni siquiera con los datos de este año.
Y luego está la nómina, uno de los temas en que el Congreso tiene una prolongada tradición de problemas: el portal no incluye la información de años anteriores, pero tampoco la de la Legislatura actual, inaugurada en noviembre de 2012; los nombres, sueldos y puestos de los funcionarios del Congreso sólo están registrados en las quincenas a partir de febrero.
Este medio dio a conocer que a la llegada de los actuales diputados, en noviembre, la plantilla del Congreso era de 719 empleados; este número se logró con la instrucción de no renovar contratos, luego de tener mil 372 puestos. Pero, por la falta de información entre una nómina y otra, es un misterio cómo se ejecutó esa reducción, o quiénes y de qué puestos fueron despedidos.
La opacidad en que incurren los actuales diputados es tal que el primer registro publicado de la nómina es de febrero, con 789 personas, o sea que aumentó 70 plazas y no hay datos al respecto. Todavía después, para septiembre (hasta hace dos días ésa era la última nómina publicada), aumentó 150 personas, que cuestan 2.9 millones de pesos más.
Este medio preguntó a los diputados presidentes de la Junta de Coordinación Política a qué se debía el incremento de nómina de febrero a septiembre, pero argumentan que la comparación debe hacerse con la nómina que ellos recibieron, de más de mil personas.
Incluso si se tomara en cuenta ese criterio, no hay datos publicados para explicar los cambios.
