La crítica no es novedosa: los representantes no nos representan bien (o no lo suficiente) y no rinden cuentas de sus actos a la ciudadanía.
La imagen de los partidos políticos en países como México, en donde no hay reelección, reciben jugosos financiamientos y además ejercen el monopolio de la representación, es realmente catastrófica.
Actualmente, los partidos políticos ocupan el último lugar y los diputados el penúltimo, en cuanto al nivel de confianza que generan entre los mexicanos, según la última encuesta de Consulta Mitofsky.
Los estudios y análisis recientes sobre el desempeño del Poder Legislativo confirman que esta desconfianza no es infundada y lanzan, en cambio, muchas interrogantes sobre las consecuencias del frágil vínculo entre sociedad y representación.
El Poder Legislativo es fundamental para la gobernabilidad democrática, no sólo en lo que respecta a la labor básica de crear leyes, sino también en cuanto a la fiscalización, el control, el contrapeso entre los poderes públicos y la pluralidad de voces y puntos de vista que, a través de la deliberación, lograron transformar la dinámica en la toma de decisiones del sistema presidencial-autoritario.
Este avance electoral contrasta en la actualidad con la debilidad en los mecanismos de información, de control del actuar de los legisladores y de sanción en caso de incumplimiento de sus deberes. Los diputados actúan impunes.
A escala federal, el estudio hecho por María Amparo Casar, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), muestra que los diputados mexicanos son los mejor pagados (218 mil pesos mensuales) y de los que menos sesionan (150 días al año) si se compara con otros países de la región latinoamericana, en donde el promedio de actividad es superior a los 250 días.
Muestra también que los recursos se ejercen con opacidad y que además el presupuesto aprobado al inicio de un año fiscal puede ser modificado “a modo” a lo largo del año.
Otro estudio, de Integralia, muestra indicadores que ponen en duda la eficiencia de la Cámara de diputados. En primer lugar, en los dos primeros años de la actual legislatura (2009-2011) se presentaron y turnaron a comisiones 2 mil 392 iniciativas, de las que solamente se aprobaron 199, quedando pendientes temas fundamentales como la elección de consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), las reformas política, judicial, laboral y a la ley de transparencia, sólo por mencionar algunas.
En el mismo sentido, la asistencia, presencia y votación en las sesiones por parte de los legisladores es baja si se toma en cuenta que las inasistencias pueden ser justificadas, la mesa directiva puede otorgar permisos y las “comisiones oficiales” permiten la ausencia de los diputados.
Con todo esto, el promedio de asistencia en la Cámara de diputados, de enero a abril del 2011, fue de 85.7% con diputados que acumularon hasta 15 ausencias.
Cabe decir que la información sobre sesiones, iniciativas de ley y datos básicos de los legisladores ha mejorado mucho, ya que a través del Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria (Infopal) se puede acceder a iniciativas de ley, trabajo en comisiones, asistencias, votaciones, etcétera, situación que no se conoce en la mayoría de los Congresos estatales.
La información nos permite conocer también que a pesar de la pluralidad partidista, la disciplina de los líderes de bancadas impera en las decisiones, ya que en el segundo periodo de sesiones de la LXI Legislatura, en promedio, 95.5% de los diputados votaron en el mismo sentido que su partido, siendo Nueva Alianza (Panal) el que encabeza la “unidad” partidista, con 100% de los votos de su bancada exactamente iguales. ¿Al interior de los partidos no hay diferencias? ¿este es el “espejo” de la nación como pensaba Mirabeau que debía de ser un Parlamento?
En las discusiones en torno a la reforma política se ha dicho que la reelección permitiría más control y más sanciones de la ciudadanía sobre los diputados, cuando en realidad reelección sin información, sin explicaciones sobre por qué se toman ciertas decisiones y sin responsabilidades, sólo equivaldría a multiplicar el insultante derroche de recursos que hacen los partidos políticos en cada campaña electoral.
Por el contrario, si se realizan cambios normativos que brinden mayor certeza sobre el destino de los recursos que ejerce el Poder Legislativo, se adoptan mecanismos que permitan que cada legislador se haga responsable de sus actos, se transparenten las asignaciones a los grupos parlamentarios y se logren hacer más eficientes los periodos de sesiones, la distancia entre representantes y representados podría llegar a reducirse.
Además, sin estos cambios, el contrapeso que ejerce el Poder Legislativo corre el riesgo de ser limitado sólo a los procesos electorales y a la posibilidad de una escasa pluralidad, profundizándose todavía más el desprestigio con el que ya cuentan sus integrantes.
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