Al principio de cada año, en enero, la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación (CPCE-F) lleva a cabo su asamblea plenaria en donde establece su Plan Anual de Trabajo, misma que se ha realizado en días pasados, aprobando su Plan de Trabajo 2021. Sin embargo cabe señalar que en la página web de la CPCE-F no está publicado dicho Plan, lo cual constituye una limitación a la transparencia y al análisis de la ciudadanía. No obstante con base en informaciones emitidas por Contralorías se procedió a evaluar su congruencia y si sus objetivos planteados permiten un avance o un retroceso.

• La CPCE-F emitió el Boletín: 001/1APLE/2021, titulado “Contraloras y Contralores de México comprometen su trabajo con la transparencia y la rendición de cuentas también este 2021”.

Pero no se describe, ¿cómo lo van a hacer? Y ¿quién revisará su grado de cumplimiento? Además al afirmar, ‘también este 2021’ se infiere que en el Plan Anual de Trabajo 2020 hubo un compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, y sea el motivo del reconocimiento a las Contralorías por los resultados 2020, según lo manifestó la titular de la Secretaría de la Función Pública en el Boletín mencionado. Más para que exista un compromiso es necesario que haya conocimiento. Es decir, no se puede estar comprometido a hacer algo si se desconoce los aspectos de ese compromiso u obligaciones.

Y sí la ciudadanía desconoce cuáles fueron las obligaciones de las Contralorías para llevar a cabo su trabajo con transparencia y rendición de cuentas, no existe forma de verificar tal compromiso, y sobre todo, las Contralorías se eximen de rendir cuentas y transparentar sus acciones u omisiones.

El año 2020 será recordado por la pandemia y sus muertos, la pérdida de miles de fuentes de trabajo así como empleos y haber entrado en un escenario de incertidumbre y desesperanza. Pero en el horizonte de la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación estos sucesos no tuvieron relevancia para incorporarse en el Plan de Trabajo 2020 ni tampoco ser tomados en cuenta en el Plan del año 2021 no obstante sus repercusiones en la Administración pública municipal, estatal y federal.

• La Secretaría de la Contraloría de Michoacán envío un boletín informativo a diversos medios locales, titulado “Coadyuvará Michoacán, a nivel nacional, en el desarrollo de capacidades en materia de innovación gubernamental” y detalló “que junto con su símil de la Ciudad de México trabajarán en el objetivo principal: que las personas servidoras públicas conozcan y apliquen herramientas que les permitan atender añejos problemas mediante el diseño de soluciones creativas e innovadoras. Esto bajo tres aspectos centrales: 1) participación y diálogo multiactor; 2) compartición de recursos; y, 3) disponibilidad y acceso de la ciudadanía (datos abiertos e información sobre las actividades gubernamentales) con el fin de constituir una cultura de rendición de cuentas y transparencia en el uso de recursos públicos.

Y los Contralores de la Región Centro-Pacífico se comprometieron a realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de Innovación Gubernamental para después de ello difundir e impartir el curso en la materia a las personas servidores públicos de los 32 órganos estatales de control”.

De lo anterior se entiende que ya existen tales herramientas, y solamente se trata de darlas a conocer y aplicarlas. Aunque no se define ni determina cuáles son las herramientas en cuestión ni tampoco se aclara cuáles son los añejos problemas.

Luego, sí los problemas no se definen, cómo saber que herramientas son las adecuadas u óptimas. Al parecer las herramientas se refieren a las tecnologías de la información y comunicación y la implementación de ‘auditorías digitales’. Sí, este es el nuevo ‘canto de la sirena’ que ha cautivado a los órganos de control y fiscalización en tanto evaden o ignoran que “la tecnología es solo un instrumento y que para su optimización es imprescindible que la Administración pública renueve y transforme conceptos y paradigmas” (El camino de la innovación, Carlos Ramió, blog Espublico.es, 01/07/2020).

Además, la expresión ‘atender añejos problemas’ nos posiciona a mirar el pasado como una justificación de lo que se está haciendo hoy (habría que preguntar a la Comisión si esto fue redactado o sugerido por la federación).

Pero los añejos problemas no se encuentran fuera de los órganos de control y fiscalización sino están dentro. Al respecto, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) establece que las EFS deben ser una organización modelo a través de su ejemplo, “deben ser dignas de confianza. Su credibilidad depende de si son vistas públicamente como independientes, competentes y responsables de sus operaciones” (ISSAI 12: El valor y beneficios de las EFS – marcando diferencia en la vida de los ciudadanos, p. 10).

Y este es el añejo problema de las Contralorías, es decir, la independencia. Pero no es objetivo del presente escrito fundamentar tal aseveración, porque lo saben las contraloras y los contralores, también la titular de la Secretaría de la Función Pública, y lo saben los ciudadanos. Más la práctica tradicional en las Contralorías ha sido negar lo negativo, lo que les ha conducido a no pensar en lo que se puede hacer. Esto es, las correcciones no llegan si no vienen de la autocrítica.

Por ejemplo, ¿cuál es el sentido o significado de la afirmación “los contralores se comprometieron a realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación en materia de innovación gubernamental?

Sí un diagnóstico es un proceso de análisis y evaluación de una situación para solucionar un problema. Sí innovar es cambiar conceptos y paradigmas. Sí tradicionalmente para las Contralorías todo se reduce a un problema de capacitación cuando carecen de ambientes propicios para la innovación, cuando las TICs solamente representan un pretexto para no cambiar el modelo desgastado e ineficiente de auditoría y contraloría, cuando  se comprometen a realizar un diagnóstico de la innovación en el Plan Anual 2021 cuando en los objetivos del Plan anterior (2020), el Secretario de la Contraloría de Oaxaca y Coordinador Nacional del organismo, José Ángel Díaz Navarro, destacó que “se difundirán las mejores prácticas en materia de innovación gubernamental” (Sumar a empresas, organismos y principalmente ciudadanía al combate de la corrupción, proponen Contralores del País en Ia. Reunión 2020 (www.oaxaca.gob.mx>sumar-a-empresas).

Sí hubo un reconocimiento por los resultados del 2020, lógicamente se cumplió con la difusión de las prácticas de innovación. Luego, ¿hubo deficiencias o no para generar un compromiso de capacitación de innovación?

Se podría argumentar que difundir y capacitar no son lo mismo. Y que en Plan de Trabajo 2020 la difusión de las mejores prácticas de innovación gubernamental solo consistió en la divulgación de estos contenidos o conocimientos. Y en el 2021 se trata de capacitar, es decir, de educar o enseñar. Pero, ¿Quién educará a innovar en las Contralorías si no existen educadores?

Luego entonces, ciertamente los errores, déficits o problemas pasados y presentes llaman a la innovación. Pero mientras en las Contralorías y la Secretaría de la Función Pública exista incongruencia entre sus discursos y acciones. Y en la utilización de un lenguaje falto de transparencia y asertividad, la ciudadanía no seguirá confiando en la gestión de los Órganos de Control porque sus acciones y palabras les restan credibilidad. Y no, no debiera otorgárseles reconocimientos basados en la complicidad cuando su sentido es hacia atrás.

Mario Alberto Gómez Maldonado